Los gays de Murcia se echan atrás un año más y no saldrán en desfile

Dicen que la ciudad no está preparada todavía, aunque un estudio revela que el 14% de los murcianos reconocen ser gays.
Los colectivos homosexuales de la Región siguen sin lanzarse a desfilar por las calles de Murcia en el Día del Orgullo Gay. Si el año pasado se frustró la idea de tomar la decisión con motivo de la aprobación del matrimonio entre homosexuales, este año ha ocurrido lo mismo.«Es absurdo. Murcia está llena de gays, pero nos ponen trabas administrativas y hay temor por los prejuicios conservadores de la gente», explica Julio López, del colectivo gay Pecaminata.

Los cuartos del país

Y eso que Murcia está considerada como la cuarta ciudad de España con mayor número de gays, según los últimos datos de una encuesta del ministerio de Asuntos Sociales y de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales. Sólo en Madrid, Barcelona y Valencia hay más homosexuales.

Sin embargo, mientras en ciudades como Bilbao, Barcelona, Sevilla y Valencia se realiza un desfile el fin de semana anterior al desfile del Orgullo Gay de Madrid del 1 de julio, en Murcia «haremos fiestas privadas en los bares de ambiente de la ciudad los días 24 y 25 de junio», explica Julio López.

Por su parte, desde colectivos como Juventus Católica creen «que no sería muy agradable ver a los homosexuales haciendo un desfile». Para su presidente, Manuel Frutos, «hay otras formas de que estos colectivos defiendan sus derechos».

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Llevarán al padre Pedro al TSJ

La asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de la Región, Pecaminata, exige que se investiguen los testimonios de los fieles de Sangonera la Verde que acusan de homofobia al padre Pedro. Según una carta enviada al obispo, el cura dijo en misa «que los gays no merecen estar en este mundo». La asociación advierte de que, de confirmarse, estas declaraciones constituyen un delito de apología del terrorismo y así lo comunicarán a la Fiscalía del TSJ. Además, Pecaminata hace un llamamiento a los ciudadanos para que demanden de las administraciones públicas y de los movimientos sociales las actuaciones para aislar a los que vulneran el Estado de Derecho.

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