El PSE-EE de Gipuzkoa ha pedido a las Juntas Generales Gipuzkoa que insten a la Diputación Foral a que elabore un estudio detallado sobre el impacto económico en el territorio de los beneficios y exenciones fiscales que la Iglesia Católica obtiene en aplicación del Concordato con la Santa Sede de 1979 y cualquier otra norma que apoye jurídicamente dichos beneficios fiscales.

En una nota de prensa, la portavoz socialista, Rafaela Romero, ha señalado que su formación desea saber, "para que también sea dado a conocer a la ciudadanía guipuzcoana" el impacto económico de esos beneficios y exenciones fiscales de los que "disfruta" la Iglesia Católica en Gipuzkoa.

Esta Propuesta de Resolución ha sido registrada este viernes ante la Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa para su debate en la Comisión de Hacienda y Finanzas, junto a otra iniciativa para su debate, en este caso, ante la Comisión de Instituciones, Gobierno y Reglamento sobre financiación de la Iglesia Católica y revisión de sus beneficios fiscales, en particular, la exención en el pago del Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI).

El PSE considera "una falta de respeto" el hecho de que los ciudadanos se vean afectados por las subidas de impuestos sobre sus rentas, y especialmente por el aumento del IBI, "mientras que el mayor propietario de inmuebles de todo el Estado, la Iglesia Católica, está exento de pago del mismo".

"Exigir a unos los tributos y eximir a otros de su pago - como sucede con los obispos - máxime cuando estos otros son poseedores de la mayor cantidad de bienes, es establecer privilegios y discriminaciones intolerables", ha subrayado Romero.

Esta última Propuesta de Resolución consta de dos puntos. En el primero, el PSE-EE pide a las Juntas Generales de Gipuzkoa que insten al Gobierno central a llevar a cabo "las medidas oportunas para establecer un calendario, con un plazo de adaptación, para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica a través de las donaciones de sus fieles".

En el segundo punto, los socialistas piden a las Juntas Generales de Gipuzkoa que insten al Ejecutivo del PP, en el plazo establecido en ese calendario de adaptación para la autofinanciación, a revisar los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica "con el objetivo de su desaparición, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el IBI".