Los sindicatos ANPE, CSI-F, CCOO y Ustea han exigido una "reunión urgente" a la Consejería de Educación para analizar a la mayor brevedad posible qué efectos prácticos puede tener en el sistema educativo andaluz la suspensión cautelar por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla de las bolsas definitivas de maestros interinos aprobadas en septiembre de 2011.

Aunque este auto no es firme ni entra "en el fondo" de la cuestión, las organizaciones sindicales creen que, debido a la "gran alarma social" que está generando entre los docentes interinos y entre los opositores de Secundaria y FP, la Consejería debe aclarar cuanto antes "qué bolsa va utilizar para seguir garantizando el servicio educativo" en los colegios de la comunidad.

Según ha explicado a Europa Press el presidente del sector de la Enseñanza de CSI-F en Andalucía, Francisco Hidalgo, "si Educación decidiera atender a la suspensión cautelar, significaría que no se cubriría ninguna baja o vacante que se produjera" desde el mismo momento en que tomara esta decisión, extremo éste que parece poco probable si se tiene en cuenta que la Consejería ha presentado un recurso de apelación ante el citado Juzgado sevillano.

Por su parte, CCOO considera que este auto "no es determinante" y quien debe pronunciarse al respecto "es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y no una sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla". Sobre todo, añade, porque "existen autos de las salas 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 14" de este mismo Juzgado que, en contra del de la sala 9, desestiman esta medida cautelar. Aún así, el secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, cree que "la repercusión que tiene este auto es la imposibilidad de utilizar estas bolsas hasta que no se produzca sentencia judicial firme".

Ante tal incertidumbre, Blanco llama "a la cordura sindical y política" y pide que organizaciones sindicales y Administración "negocien de modo urgente el actual sistema de colocación de personal interino contemplado en el decreto 302", ya que, "con unas oposiciones por medio, el personal interino andaluz se merece tranquilidad y sosiego" en lugar de resoluciones judiciales como ésta y que "terminan invalidando el modelo actual de ordenación de bolsas".

Al respecto, ANPE ha recordado que "ya advirtió en su día de la inseguridad jurídica" que provocaría el polémico decreto 302 y su "doble modelo de colocación que ahora propicia una intervención judicial de imprevisibles consecuencias para todo el colectivo de profesores interinos que prestan servicio en Andalucía".

Según este sindicato, esta medida cautelar "fuerza" a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación "a suspender provisionalmente los llamamientos al profesorado interino para la cobertura de sustituciones correspondientes al cuerpo de maestros", lo que "puede tener consecuencias muy negativas en el funcionamiento de los centros de Educación Infantil, Educación Permanente y Educación Primaria, así como en los Institutos de Educación Secundaria donde ejerce docencia personal correspondiente a ese cuerpo docente".

Por ello, también emplaza a Educación "a que adopte urgentemente las medidas necesarias para que el funcionamiento de los centros docentes no se vea afectado y se puedan cubrir las bajas de profesorado con normalidad". También Ustea, que asegura que "la Dirección General de Recursos Humanos ha decidido paralizar las bolsas de interinos del Cuerpo de Primaria hasta mediados de la próxima semana", exige a la Administración educativa "que tome las medidas necesarias para que ningún centro educativo vea perjudicado su funcionamiento por falta de profesorado sustituto".

De otro lado, Ustea se apoya en el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla para pedir a Educación "que vuelva a nombrar al profesorado interino según el modelo anterior, es decir, única y exclusivamente por tiempo de servicio".