La secretaria general del Partido Andalucista y candidata a la presidencia de la Junta, Pilar González, ha reclamado este jueves la creación de un registro de agentes sociales y culturales porque hay "muchas leyes que se debaten y aprueban en el Parlamento que no tienen en cuenta la voz de los implicados y afectados por las normas, y, como mucho, sólo se escucha a empresarios y sindicatos", que son los que únicamente, hasta la fecha, tienen la consideración de agente social.

El objetivo de este registro, que el PA reclamará a través de una proposición no de Ley, según ha indicado Pilar González en un comunicado, es "dar voz a la ciudadanía y conseguir una democracia real y verdadera".

"No podemos negar las voces de quienes más conocen la realidad que viven y la clase política no puede estar ajena a la sociedad", ha indicado Pilar González, que ha desgranado que ese registro estaría formado por colectivos, asociaciones, redes y federaciones y que comparecerían ante el Parlamento de Andalucía para ser oídos en cada proceso de elaboración de leyes.

Pilar González ha presentado este jueves esta propuesta en una reunión con Caritas Andalucía, la Plataforma Andaluza del Voluntariado, la Asociación Patronal de Entidades de Iniciativa Social (Apaes), Cruz Roja Andalucía y la Red Andaluza de Lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía (EAPN-A), como coalición de entidades regionales que por su diversidad y representación conforman una parte significativa del Tercer Sector de acción social.

El candidato andalucista por Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, presente también en la reunión, ha destacado que el PA lleva en su programa de gobierno varias de las propuestas de este "tercer sector" en lo referente a "inclusión social, renta mínima y empleo".

En concreto, son dos iniciativas legislativas municipales, registradas ya en más de una docena de ayuntamientos con más de 75.000 electores, sobre la renta social básica y contra los desahucios, así como un Plan de Empleo prioritario para Andalucía, que el PA lleva demandando desde hace meses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que el pasado sábado se registró en el Palacio de La Moncloa.

La propuesta andalucista que más interés ha suscitado ha sido la ILM contra los desahucios que, según Rodríguez, consiste en conseguir, por ley, que el gobierno asuma la protección de las familias amenazadas por riesgo de desahucio y asuma la mediación con la entidad financiera para negociar los pagos, establecer una moratoria y así "evitar el drama de tener que dejar la casa", porque "no somos números, sino que somos vidas".