La Fiscalía de Sevilla ha retirado durante la celebración del juicio la acusación contra un agente del Cuerpo Nacional de Policía acusado de mantener detenido durante más de seis horas a un profesor de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide que fue llevado a la comisaría por su negativa a identificarse en el contexto de una concentración contra la Ley 'Antibotellón' celebrada el 21 de enero de 2007 en la zona de la Alameda de Hércules de la capital hispalense, ya que entiende que "no hay delito que imputar".

Durante el juicio celebrado este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, la fiscal, que en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, solicitaba para el policía siete meses de suspensión para empleo o cargo público, ha decidido retirar la acusación contra el agente, pues entiende que "no hubo ningún tipo de incorrección en su actuación, sino que siguió el protocolo estipulado" para las personas detenidas.

Asimismo, la representante del Ministerio Público ha argumentado que los policías destinados en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental "no recibieron instrucciones de qué se tenía que hacer" en dichas dependencias, tal y como han defendido estos agentes durante su declaración como testigos en la vista oral, a lo que se suma que el propio denunciante "no recuerda de nada" al imputado.

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del profesor de la UPO, Luis de los Santos, ha pedido para el agente cuatro años de inhabilitación y el pago de 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y de manera alternativa la imposición de una pena de siete meses de suspensión, mientras que el abogado defensor ha pedido su libre absolución al entender que su representado no ha cometido delito alguno.

"hice lo que en conciencia creí que debía hacer"

El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra para asegurar que "hice lo que en conciencia creí que debía hacer", todo ello "observando los protocolos pertinentes y cumpliendo con los preceptos legales" establecidos. Durante su declaración, ha justificado que el detenido fue mandado a los calabozos porque había sido detenido por un delito de desobediencia grave al no identificarse y ha asegurado que permaneció allí el tiempo necesario para su "completa" identificación.

"Toda persona inmersa en un atestado por haber cometido un delito tiene que estar plenamente identificado", y así lo marca tanto el protocolo de la Policía Judicial como el Plan Nacional de Identificación de Detenidos, añadiendo que el hecho de que "tuviera el DNI encima no quiere decir que esté plenamente identificado; no estaba seguro y tenía que cumplir el protocolo, si no hubiera sido sancionado", ha puesto de manifiesto.

Tras subrayar que esa noche era instructor de un total de 23 atestados de detenidos, entre los que el profesor denunciante ocupaba el número 22, el procesado ha dicho que el denunciante "no me daba garantías de que pudiera sustraerse a la acción de la Justicia, pues no colaboró en ningún momento y se negó a identificarse en todo momento", a lo que se suma "su apariencia exterior", todo lo cual conformaron "más que sospechas de que pudiera estar ocultando algo más".

"un minuto después de ser identificado,

Se le puso en libertad"

"Si hubiera entregado el DNI desde un primer momento, el hecho hubiera sido considerado una falta, pero entre su absoluta falta de colaboración y su empecinamiento en no identificarse se le tuvo que extraer a la fuerza" en un cacheo superficial en Jefatura, ha apostillado, señalando que "no me consta que en los calabozos se le hiciera un cacheo integral" y se le obligara a desnudarse. "Un minuto y medio después de que estuviera plenamente identificado por la Policía Científica, se le puso en libertad" por un compañero que lo sustituyó, ha sentenciado.

De su lado, el profesor denunciante ha asegurado que nada más llegar a la Jefatura fue conminado a dejar sus pertenencias sobre una mesa, entre las que se encontraba el DNI, tras lo cual los dos agentes que lo detuvieron procedieron a tomar sus datos, momento en el que el denunciante les dijo que era profesor y les facilitó su domicilio. Posteriormente, fue conducido a los calabozos, donde "me dijeron que me desnudara y que me agachara y levantara un par de veces".

"Estaba nervioso y asustado, porque consideraba que se trataba de una detención ilegal", ha dicho, haciendo alusión en este punto a las "consecuencias personales" que le ha generado este caso, pues incluso "desde dos foros de la Policía se han burlado de mí y me han insultado diciéndome poco más que era un terrorista". Además, "mi padre tiene mi mismo nombre y ha tenido problemas en su pueblo", tras lo que ha afirmado que "no tengo animadversión hacia la Policía, aunque ahora siento un poco de miedo".

"puesta en libertad en tiempo récord"

Ha desvelado, asimismo, que "hace dos o tres días" recibió una multa por unos hechos acaecidos supuestamente el 29 de junio de 2011, cuando según la denuncia policial le fue incautado hachís, algo que el profesor ha negado rotundamente.

Los dos policías que lo detuvieron han ratificado que el denunciante se negó a entregar el DNI en todo momento, lo que motivó que lo detuvieran por desobediencia y lo llevaran a Jefatura, donde se le practicó un cacheo superficial y se encontró en el pantalón el DNI, mientras que el agente que relevó al acusado y que, finalmente, puso en libertad al profesor tras completarse el proceso de identificación, ha aseverado que "había indicios para pensar que estaba ocultando algo".

Asimismo, el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana ha dicho que "fue una puesta en libertad en tiempo récord; no recuerdo otros casos similares donde la persona haya estado menos tiempo privada de libertad".

El profesor, por su negativa a identificarse, ya fue condenado al pago de una multa de 30 euros por una falta contra el orden público.