La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional estudia en estos momentos la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), privatizar determinados servicios y cobrar tasas que a pesar de que existían nunca se recaudaron para dar viabilidad al SEMCA (Servicio Público de Emergencias de Cantabria, entidad pública dependiente de este departamento).

El departamento que dirige Leticia Díaz trabaja en un Plan de Viabilidad para esta sociedad regional, uno de los principales problemas que ha detectado la auditoría encargada sobre este órgano, cuyos resultados la consejera presentará el próximo lunes en una comparecencia en el Parlamento de Cantabria.

Un plan de viabilidad sin el que "ni siquiera podríamos afrontar el pago de las nóminas", debido al alto coste salarial (supone el 90% del total de los costes una vez excluidos los proveedores a los que no se paga), así como por la falta de ingresos.

Díaz ha desgranado la situación de un servicio "en quiebra técnica" en el que el 90% de los costes eran de un personal con una tasa de absentismo del 13,7% (superior en un 67% a la media nacional), con deudas a proveedores (1,3 millones de euros en 2010 y 300.000 euros más en 2011).

La plantilla asciende a 108 personas fijas y otras 25 subcontratadas que van variando. El ERE afectaría a un mínimo del 10% (lo que marca la Ley). Entre los servicios cuya externalización se plantea, se encuentra el call center de atención de llamadas telefónicas.

La consejera ha puesto algunos ejemplos, como los gastos en mecheros, los costes por un asesoría jurídica de 18.000 euros anuales de la que no constan informes, o la adjudicación de un contrato a la empresa CRV de un contrato por 24.500 euros cuando el valor de mercado del servicio era de 2.000.

A esto ha sumado la práctica de dividir las facturas de los mismos servicios entre la empresa y la Dirección General de Protección Civil de este departamento para que los gastos parecieran menores, todo dentro de una gestión en la que ha apreciado indicios de "amiguismo" que ve "evidentes" en algunas contrataciones, señalando a su predecesor, Vicente Mediavilla.

"desfachatez" y "presión"

La consejera de Presidencia ha censurado la "desfachatez" del PRC por la petición de la auditoría en el Parlamento y que, ante el retraso en su envío, ha llevado a una petición de comparecencia en el Parlamento.

Díaz ha recordado que la auditoría terminó de elaborarse en diciembre, y ha contrapuesto esta situación con respuestas como las que daba el consejero regionalista de Cultura, Javier López Marcano, cuando la oposición del PP le reclamaba las cuentas de la sociedad pública Cantur de años anteriores, y este justificaba el retraso ebn la "sobrecarga de trabajo" en su departamento.

Para la titular de Presidencia, si hay un Gobierno y un departamento "sobrecargado" es el suyo, tras la reducción de 10 a 8 consejerías y las medidas emprendidas por el presidente Ignacio Diego frente a la crisis.

La consejera ha lamentado la "presión" a la que está "sometido" el Ejecutivo a la hora de remitir documentos, por los plazos que se les reclama desde la oposición, y que ha puesto en contraste con su actuación la pasada legislatura.

"quiebra técnica"

El SEMCA se encuentra en quiebra técnica, con deudas a proveedores que en 2010 fueron de 1,3 millones de euros y en 2011 de otros 300.000.

Las conclusiones de la auditoría constataron que "no existía política de gestión financiera" y una "falta absoluta de viabilidad económica de la empresa", y llamaron la atención sobre que esto se producía pese a que ni se produjo un incremento de las llamadas ni de las intervenciones.

A los auditores también les resultó difícil comprender "que la empresa no fuera consciente del gran volumen de obligaciones fiscales contraídas que no cumplían", y eso a pesar de que les había advertido de ello la propia Intervención General de la comunidad autónoma.

Entre 2008 y 2010 se registró un incremento del 10,6% en la remuneración de los trabajadores (en un contexto de caída del 5% en los salarios públicos), un aumento salarial que no se veía correspondido con una subida de la productividad.

Durante 2010, cada intervención del SEMCA costó, de media, la cifra de 3.304 euros, sólo en los costes salariales, sin contar otros costes, como el mantenimiento o los vehículos.

Pero paralelamente, el absentismo laboral se situó en un 13,7%, por encima del 8,2% del que se da en España, lo que supone que superaba a la media nacional en un 67%.

Había trabajadores que se elegían sin concurrencia, de forma directa a través del presidente del Consejo de Administración, que era el anterior consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla.

Existía un cargo, el de coordinador de Relaciones Externas, que ocupa el alcalde de Guriezo, el regionalista Adolfo Izaguirre, que cobraba 35.000 euros al año y cuya presencia en su puesto de trabajo no han podido determinar los auditores, ni en base al testimonio del gerente de la época anterior.

Y se contrataban servicios externos por importes como los 18.000 o los 40.000 euros. Hubo contrataciones, como la de un servicio informático a CRV, por 24.500 euros, por un producto que en el mercado no superaba los 2.000, o de servicios jurídicos, por 18.000 euros, al anterior gerente, sin que tampoco constara la elaboración de informes.

Los auditores no encontraron documentación que acreditara la existencia de una política de gestión de activos de la empresa, que dividía las facturas para pagarlas de forma conjunta con el Gobierno regional para simular importes menores.

El SEMCA funcionaba como una empresa privada, en la que la mayoría del capital era público (60%) y el resto de empresas, simultáneamente accionistas y proveedores, a las que, con el cambio de gestión hacia una sociedad pública decidido el año pasado —pospuestos por el PP—, el Ejecutivo tenía que comprar las acciones, por un valor que igualaba al de las compras que suministraban.

El problema aquí, ha advertido Leticia Díaz, es que cuando una sociedad se encuentra en situación de "quiebra técnica" como la que sufría el SEMCA, el valor de las acciones es "cero".

Entre las recomendaciones de los auditores figura la elaboración de un Plan de Gestión Financiera y un cambio del modelo de contratación, para el que Díaz ha apuntado al objetivo del Ejecutivo de un modelo de compras centralizadas.