El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha evitado confirmar la convocatoria de una huelga general para finales de este mes a la espera de que el Gobierno responda a la "penúltima oportunidad" que las centrales sindicales les han ofrecido para abrir un proceso de negociación que permita "corregir en profundidad" la Reforma Laboral.

Así lo ha indicado Méndez en Jaén antes de participar en una asamblea de delegados sindicales y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que se concrete o no un paro el próximo día 29. Al respecto, ha dicho que los sindicatos tienen un calendario de movilizaciones que es conocido "y en este momento no vamos a ir más allá".

"Queremos darle una penúltima oportunidad a la negociación y en eso vamos a centrarnos", según ha subrayado Méndez, quien ha anunciado que "en las próximas horas" van a enviar una segunda carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, similar a la que ya le remitieron hace unos diez días exponiendo sus alternativas, "que las hay", y pidiendo la apertura de un proceso de negociación para "corregir en profundidad" el contenido de una norma "inútil para luchar contra el paro" y "perjudicial" para las opciones de recuperación de la economía española, "aumentando las desigualdades".

En este sentido, ha fijado el 8 de marzo como límite para obtener una respuesta por parte de le Ejecutivo central, toda vez que ese día está prevista la convalidación del Real Decreto sobre la reforma laboral en el Parlamento español, de ahí que haya apuntado al Gobierno a que "esa respuesta debería producirse antes".

De todas formas, ha precisado que el día siguiente se han convocado de forma simultánea el Comité Confederal de la UGT y el Consejo Confederal de CCOO para analizar la situación, teniendo como base en el debate que "lo que importa es una corrección en profundidad de esta reforma laboral que ni el procedimiento ni en contenido satisface las expectativas de la sociedad española". IMPOSICIÓN

En este punto, ha criticado la "imposición" de un decreto ley que ya está en vigor "cuando el propio Gobierno reconoce que no va a servir para evitar la destrucción de empleo", a lo que se unen otros aspectos "negativos" como la ruptura del equilibrio en las relaciones laborales a favor de la patronal, la precarización del trabajo y el fomento, con instrumentos como el contrato para empredendores, de una "atomización de empresas" que es lo contrario de lo que requiere el modelo español que adolece, precisamente, de un tamaño medio de compañías "reducido". Junto a ello, ha recordado que existen "serias dudas respecto a la constitucionalidad" de algunos de sus contenidos.

"Cualquier decisión que se adopte será de conocimiento público a partir de que los órganos democráticos de ambas organizaciones analicen, debatan y tomen la decisión que estimen oportuna", ha aclarado el secretario general de la UGT, quien por todo lo anterior ha instado al Ejecutivo de Rajoy a "rectificar". Así, el 9 de marzo, "si no se ha producido un cambio de actitud, indudablemente las organizaciones tomaremos la decisión en términos de utlización de los instrumentos democráticos que tiene al alcance a sociedad española en el marco de la Constitución, según ha zanjado.