Apag Extremadura Asaja ha pedido la retirada de la aplicación de la "extensión" de normas de calidad del sector del ovino y caprino en España, que está próxima a entrar en vigor.

Esta es la principal conclusión a la que llegaron los miembros de la sectorial de esta organización profesional agraria reunida para valorar la situación actual del ovino y del caprino y sus posibles soluciones.

El presidente de esta organización profesional agraria, Manuel Laparra, ha indicado que esta iniciativa "se ha aprobado de espaldas a los ganaderos, sin contar para nada con ellos, cuando son ellos los principales afectados, ya que les va a suponer un coste que nunca será equitativo por la dificultad que conlleva la aplicación de este impuesto".

A este respecto, Laparra considera que el "único afán" de la norma "es la recaudación a discreción por parte de la administración", según apunta en nota de prensa.

Recuerda Apag que la iniciativa de la Interprofesional del Ovino y del Caprino (Interovic), que integra a productores, industria y comercializadores, conlleva, según informa la organización, que cada productor aporte 0,05 euros por ovino o caprino destinado al sacrificio mientras que los comercializadores deben de contribuir con la misma cantidad por cada cordero sacrificado/comercializado.

"Las aportaciones se realizarán en tres campañas, que irán comprendidas entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, entre el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 y entre el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015. Con ello, se espera recaudar 1.200.000 euros cada año", ha apuntado.

En principio, indica Apag, esta aportación económica estará destinada, entre otros aspectos, a promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y a realizar acciones promocionales para mejorar la información y el conocimiento sobre las producciones y los mercados del sector.

Sin embargo, Manuel Laparra ha lamentado que la aprobación definitiva de esta norma de calidad llegue en un momento "tan delicado" desde el punto de vista económico para los productores, que "arrastran una grave crisis debido a la baja de ventas, al aumento de los costes de producción y la falta de lluvias que están llevando a la desolación absoluta al sector".

"Es una manera muy fácil de recaudar pero siempre a los que peor lo están pasando", declara Laparra, que en todo caso exige que el destino del dinero recaudado tenga como fin el destino previsto y "no se dedique a otro tipo de iniciativas, como desgraciadamente ha ocurrido en otros casos".

Por ello, asegura que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que "debe de dar el visto bueno" a la propuesta y "tiene la obligación de velar y fiscalizar" la cantidad económica recaudada.

Otras reivindicaciones

Por otra parte, esta sectorial de Apag Extremadura Asaja, que preside Juan Metidieri, ha solicitado, además, una serie de reivindicaciones para mejorar la situación de ovino y del caprino.

Entre ellas, destaca, la supresión de tasas, que es "una carga más" para el ganadero en una "situación económicamente tan delicada como la actual"; la petición para que se considere el mes de enero como sequía extrema, y pedir que se revise el mes de noviembre, y no como leve como se ha aprobado.

Además, se solicita que el informe que sobre la sequía emite Agroseguro sea "la mayor brevedad posible, a las 48 horas una vez que haya pasado la decena".

También pide la supresión del Seguro MER, ya que es "ineficaz", y así "se eliminaría costes para el ganadero y también para la administración (por las subvenciones que concede)". La organización hace constar el "enorme malestar que existe por la mala gestión de la empresa encargada de retirar los animales".

En relación a la lengua azul, se recomienda que, a pesar de que ha dejado ser obligatoria la vacunación por los pocos casos de enfermedad, se apliquen las vacunas, ya que son gratis.

Y también figura la petición para que exista una moratoria de al menos un año para empezar a pagar los préstamos solicitados por la crisis ganadera. Igualmente se propone que en vez de pagar estos préstamos en cuatro años se paguen en ocho.