Marihuana contra la crisis. La recesión económica ha llevado al pequeño pueblo de Rasquera (Tarragona), de 800 habitantes, a aprobar la instalación de una plantación de cannabis sativa L., al considerar que supone una oportunidad de crear puestos de trabajo (unos 40) y una previsión de ingresos de más de 550.000 euros anuales para paliar la deuda municipal.

El proyecto surgió hace siete meses de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), una entidad con fines lúdico-terapéuticos, que cuenta con unos 5.000 socios, y que pretende alquilar tierras en este pueblo agrícola, marcado por la crisis, según fuentes municipales.

La ABCDA pagará 36.000 euros por la firma de un convenio con el Consistorio y se comprometerá a abonar 550.000 euros anuales a partir de julio por el alquiler de los terrenos y para sufragar los gastos legales, jurídicos y de seguridad que comportará el proyecto, que no supondrá ningún coste para el consistorio, según estas fuentes.

Este martes se ha celebrado una reunión en Rasquera en la que han participado el alcalde del municipio, Bernat Pellisa (ERC), el jefe de la oposición (son tres concejales de (CiU), el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre y un abogado de la ABCDA para aclarar cualquier duda que pueda existir. El alcalde ha dicho que estudiaban la propuesta, que representa "un modelo y una oportunidad, no una frivolidad".

"Estamos viendo si podemos encajar la propuesta, pero no representa una apología del consumo, ni dar carta blanca al mismo", ha recalcado Pellisa, que no piensa cometer "ninguna ilegalidad", y considera que tiene sobre la mesa una oportunidad para revitalizar la economía de Rasquera y disminuir la deuda municipal, de 1,3 millones.

Este miércoles, a las 20.30 horas, se celebró un pleno que aprobó, primero, el Plan de Acción Municipal 2012, de dinamización económica y social, y luego, la creación de dos empresas públicas locales: Rasquera Gestió econòmica(RGE) y Rasquerana de recerca i interpretació de la varietat vegetal Cannabis Sativa L. (RRICA).

La gran expectación levantada ha obligado a celebrar el plenario en el centro cívico de Rasquera, en vez de en el edificio consistorial, que se ha llenado hasta la bandera de ciudadanos de Rasquera. Todos los puntos del pleno se han aprobado con el voto a favor de los cuatro concejales del equipo de gobierno, de ERC, y el contrario de los tres regidores de CiU, en la oposición.

El alcalde, Bernat Pellisa, ha anunciado que la próxima semana se celebrará una asamblea en Rasquera donde científicos, abogados y médicos explicarán el proyecto a la población, motivo por el que no se han admitido preguntas del público. "El Ayuntamiento no va a plantar marihuana, sino que ordenará y regularizará una cosa que ya existe", ha espetado Pellisa.

Las empresas mencionadas, que harán de mediadoras entre los propietarios de las tierras y la ABCDA, cederán los terrenos a la asociación para su uso particular y, además, darán seguridad medioambiental y jurídica al proyecto, con la creación de una Mesa de Seguridad con Bomberos y el Departamento de Interior, ya que Rasquera no tiene Policía Local.

De hecho, el Ayuntamiento creará un banco de tierras para que los propietarios de fincas que estén interesados en el proyecto puedan ofrecer al Consistorio el derecho de uso privativo y la explotación de las mismas.

Así, el ayuntamiento no entrará a discutir lo que se planta en ellos, ni cobrará por esos cultivos, han indicado fuentes de los despachos de abogados DMT Advocats y Millor Dret Advocats, que han elaborado un estudio jurídico sobre el proyecto.

Estos dos despachos de abogados han elaborado un estudio jurídico, encargado por el ayuntamiento, que pretende justificar la legalidad del proyecto, que definen como "pionero a nivel mundial". Para ello, recuerdan que el Parlamento de Cataluña aprobó en abril de 2001 por unanimidad el uso del cannabis medicinal y propuso fomentar su investigación y desarrollo dada su amplio uso terapéutico. Además, se amparan en que la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña permite el cultivo de la marihuana para su consumo en el ámbito privado sin permitir el acceso a terceros, "al no suponer un peligro para la salud pública".

Sin embargo, nada impidió que en enero de 2011 los Mossos detuvieran por tráfico de drogas a cuatro responsables de la ABCDA, entre ellos su presidente Vojislav D, de 21 años. Los agentes intervinieron también 200 bolsas de marihuana, con un valor de 7.000 euros en el mercado.