La Fiscalía pide seis años de cárcel para José Javier R.C., vecino de Móstoles, por un delito de estafa continuada, al adquirir productos y suscribir préstamos bajo una identidad falsa, así como una multa de 4.320 euros y la devolución de parte del dinero estafado por valor superior a 41.000 euros, según informa el Ministerio Público. El juicio tendrá lugar este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

También serán procesados Alberto M.M., de Fuenlabrada, Miguel Luis B.C., de Leganés, y Olga F.L., de Fuenlabrada, los tres imputados de un delito de receptación, por adquirir vehículos procedentes de la estafa pese a conocer su origen ilícito. Estos, junto al principal encausado, deberán pagar de forma conjunta más de 49.000 euros a dos de las financieras estafadas.

Se acusa al primero de suplantar la identidad de otro, al que previamente le habían sustraído su documentación. El acusado colocó su foto en el DNI del segundo y con la ayuda de unas nóminas y el contrato de trabajo de este, abrió una cuenta bancaria y sacó una tarjeta de crédito de un centro comercial, con la que adquirió diversos productos en distintas fechas. En total, quedó a deber 2.230,09 euros de un préstamo que solicitó para comprar una televisión y un ordenador y 593,12 euros más por otras compras.

A través de la misma cuenta bancaria, contrató la adquisición de dos teléfonos móviles, quedando a deber 1.229,09 euros a la compañía telefónica, una operación que repitió con otra empresa, en la que la deuda es de 608,65 euros. También suscribió un préstamo con una financiera por valor de 2.328,06 euros.

De igual forma, adquirió en una joyería un artículo por valor de 150 euros, para cuyo pago utilizó una tarjeta financiera del centro comercial en el que estaba el establecimiento. Financiera a la que dejó a deber 1.206,59 euros, mientras que a otra adeuda 2,526,28 euros.

El acusado supuestamente fue repitiendo la misma operación, sobre todo contratando tarjetas financieras de tiendas y centros comerciales, aunque en otras ocasiones se dedicó a comprar diferentes vehículos, que luego revendió en Madrid a un concesionario, regentado por los otros dos acusados, los cuales conocían el origen ilícito de la mercancía.

Estos dos últimos, junto a la otra imputada, acusada de comprar uno de los turismos pese a saber que su procedencia era ilícita, serán procesados por un delito de receptación. Para estos la Fiscalía solicita dos años de prisión para cada uno y 3.600 euros de multa, así como la inhabilitación profesional por cuatro años y el cierre del negocio durante el mismo periodo.