CSI.F recuerda que la Ley de Empleo Público anulada por el TSJCM fue respaldada por CCOO y UGT

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) ha recordado que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha que ha "tumbado" la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha "contó con el respaldo y el aplauso de CC.OO. y UGT".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) ha recordado que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha que ha "tumbado" la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha "contó con el respaldo y el aplauso de CC.OO. y UGT".

Por su parte, CSI.F recuerda que se opuso a su aprobación en Cortes por considerar que esa norma "recortaba de forma clara y evidente numerosos derechos de los empleados públicos" y añade que manifestó al Consejo Consultivo el 18 de octubre de 2010 "sus reiteradas propuestas que recogían las demandas e inquietudes de los empleados públicos de nuestra Comunidad Autónoma", asegura en nota de prensa.

Según indica, el sindicato pidió la eliminación de la Libre designación arbitraria para puestos de carácter eminentemente técnicos y la supresión de la figura del Personal Directivo Profesional, "que únicamente servía para beneficiar acólitos, generar puestos de confianza y consolidar un clientelismo secular en Castilla-La Mancha".

Desde la Central Sindical Independiente critican "de forma rotunda que los autodenominados sindicatos de clase (CC.OO. y UGT) apoyaran y aplaudieran estas medidas" que iban claramente en perjuicio de la promoción de los empleados públicos de nuestra región, "amén de atentar contra la igualdad de oportunidades".

CSI.F afirma que también pidió el mismo trato para Funcionarios y Laborales y otra serie de medidas que favorecían la carrera profesional de todos los grupos de la administración regional "sin exclusiones ni discriminaciones".

El sindicato reclama ahora "una buena negociación" en la Mesa General de Función Pública para evitar errores, defender los derechos de los trabajadores y para que la nueva normativa se ajuste a la legalidad establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público.

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