La Fiscalía del Principado solicita condenar a dos acusados de idear y llevar a cabo un plan para sustituir a una representante sindical en la empresa Carrefour Azabache, sin que lo supieran la mujer sustituida y la que después la sustituyó, que habían resultado elegidas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en las elecciones celebradas el 17 de noviembre de 2006. La vista está señalada este martes, día 18, en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, a las 10.00 horas.

La Fiscalía sostiene que el acusado G. C. G, el 21 de diciembre de 2006, o en fecha cercana, se puso de acuerdo con la también acusada M. Á. G. G. para idear un plan que permitiese sustituir a C. M. B. por L. M. L. como representante sindical en la empresa Carrefour Azabache, sin el conocimiento ni el consentimiento de estas dos últimas, que habían sido elegidas al presentarse en la candidatura del sindicato

Cc oo en las elecciones del 17 de noviembre de 2007.

Así, G. C. G. rellenó los datos en sendos modelos, confeccionando la renuncia de C. M. N. y la aceptación de la sustitución por L. M. L. Además, faltando a la verdad, se decía que las dos mujeres autorizaban a la acusada Á. G. G. para que presentase la documentación correspondiente. M. Á. G. G. estampó de su puño y letra las firmas en los documentos, como si fuesen las auténticas de la renunciante y su supuesta sustituta.

El 21 de diciembre de 2006, los acusados presentaron ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) los documentos creados por ellos mismos, junto con un modelo de impreso oficial, en la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, registrando el acta de supuesta sustitución de los representantes elegidos.

G. C. G. entregó a la responsable de Recursos Humanos de Carrefour Azabache el modelo de impreso oficial de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, llevando ya impreso el sello de registro de entrada ante el UMAC.

De este modo, los acusados, sin que conste la implicación o conocimiento de otra persona, consiguieron la sustitución de C. M. B. por L. M. L. en el comité de empresa de Carrefour Azabache desde el comienzo de su constitución, en diciembre de 2006, hasta, al menos, junio de 2007, en que se descubrieron los hechos.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial y de un delito contra la libertad sindical.

Por ello, solicita que se condene a cada uno de los acusados las siguientes penas: Por el delito de falsedad en documento oficial, la pena de un año de prisión y multa de seis meses a razón de ocho euros diarios (1.440 euros); y por el delito contra la libertad sindical, pena de un año de prisión y multa de seis meses a razón de ocho euros diarios (1.400 euros), todo ello más las costas procesales.