Las Cortes aprobarán el martes la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financiera que incorpora el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', tras el debate en el Pleno que arranca mañana de las 160 enmiendas de PSOE y Grupo Mixto que permanecen vivas.

En concreto, en el trámite parlamentario fueron aceptadas las 51 enmiendas presentadas por el PP, mientras que permanecen para su debate en la sesión plenaria 82 del Grupo Parlamentario Socialista, 64 de IU y 14 de UPL.

Asimismo, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares', finalmente se transaccionarán previsiblemente dos enmiendas, una a través de la que se establezca la "excepcionalidad" de la aplicación de incremento de jornada para los funcionarios hasta las 37,5 horas semanales con el fin de que se vuelva a las 35 horas actuales cuando la situación económica mejore, es decir, cuando el PIB registre un incremento superior al dos por ciento.

También se prevé acordar una segunda enmienda en la que se establezca que no haya trato de favor para los trabajadores de urgencias y UCI en la aplicación de incremento de 2,5 horas semanales.

En concreto, a través de sus 82 enmiendas los socialistas intentarán que no se ponga en marcha el denominado 'céntimo sanitario', que no suban las tasas administrativas al 2,4 por ciento para todos los ciudadanos y que se elimine las bonificaciones fiscales de la tasa de juego.

El PSOE plantea además que se cree una comisión de evaluación para establecer aquellos casos en los que se tendrá que pagar la tasa por el uso del Servicio de Emergencias 112. Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista reclamará la retirada completa del título dedicado a personal y que incluye el incremento de 2,5 horas de trabajo para los funcionarios, ya que, a su juicio esta materia debe ser objeto de negociación.

Finalmente, el PSOE incluye que se incrementen las dotaciones incondicionadas a entidades locales y que, en el plazo de seis meses, se realice una auditoria financiera y de gestión de todas las empresas públicas dependientes de la Junta para estudiar su utilizad.

Por su parte, el Grupo Mixto defenderá dos bloques de enmiendas parciales, uno con las iniciativas de IU que son todas de "supresión" de artículos -64 enmiendas— y 14 de UPL.

Enmiendas introducidas

En el trámite parlamentario el PP ha logrado introducir 51 enmiendas en la Ley de Medidas Financieras a través de las que se ha incluido la unión de Sotur y la Fundación Siglo, determinadas reducciones del 'céntimo sanitario' y la modificación de tres leyes para favorecer los trámites de apertura de negocios en municipios.

De este modo, las enmiendas parciales introducidas por el PP han tenido cinco finalidades, en primer lugar la de facilitar trámites municipales para la apertura de nuevos negocios, reducir el número de entes administrativos, disminuir el impacto impositivo sobre las actividades productivas, impulsar la red Cylog y ampliar la negociación sobre la aplicación del aumento de la jornada laboral a los empleados públicos.

Con respecto al primer punto y con el fin de impulsar la apertura de negocios en los municipios el PP ha propuesto la modificación de tres leyes autonómicas. Así, se apunta a un cambio en la ley de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes con el fin de permitir que en las localidades de más de 1.000 habitantes se regulen la distancia para la ubicación de establecimientos hosteleros sin necesidad de aplicar la limitación de 25 metros existente hasta el momento.

Del mismo modo, los 'populares' han marcado un cambio en la Ley del ruido para que los establecimientos hosteleros puedan ampliarse hasta un 25 por ciento sin necesidad de solicitar una nueva licencia ambiental, y, por último, una remodelación de la Ley de Prevención Ambiental para reducir a la mitad el plazo de la tramitación de las licencias ambientales.

En cuanto a la reducción del número de entes administrativos PP ha introducido la autorización de la extinción de la empresa pública Sotur para formalizar la cesión global de activos y pasivos a la Fundación Siglo, que subrogará todos sus derechos y obligaciones.

Los 'populares' han incluido en la Ley la devolución de la mitad del gravamen autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', correspondiente al gasóleo de uso profesional con el objetivo de reducir el impacto del impuesto en el sector del transporte, una reducción que afectará a los vehículos de transporte de mercancías por carreteras, de pasajeros y los taxis.

La ley

La normativa de la Junta establece el denominado 'céntimo sanitario' que ya existe en nueve de las trece autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellanoleonés se aplicará a 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá ingresar 140 millones de euros/año que se destinarán a la financiación de la sanidad.

Asimismo, la Junta recaudará en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional no va a renunciar, ya que permitirá ingresar 39 millones de euros, una cantidad que se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el objetivo de que las rentas más altas ayuden a las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión social.

La Junta de Castilla y León va a desarrollar por primera vez en su historia dos tributos propios, en ambos casos de carácter medioambiental, que permitirán ingresar a las arcas regionales un total de 72 millones de euros.

El primero es la denominada 'ecotasa', que gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que proporcionará 60 millones de euros anuales (40 de los embalses, 5 de las líneas de alta tensión y 15 de los parques) que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental y mejoras en la eficiencia energética y en el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos.

El otro nuevo impuesto grabará la eliminación de residuos de vertederos en pro del fomento de la gestión sostenible de los residuos urbanos e industriales. Herrera ha cifrado la recaudación en 12 millones de euros/año que se dedicarán a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.

La suma de los tres conceptos impositivos nuevos supondrá una partida adicional de 212 millones de euros.