El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha considerado "llamativo" que PP y PSE califiquen de "insuficiente" el pronunciamiento de la Izquierda Abertzale (IA) y ha expresado su deseo de que "quienes hacen esta afirmación se hubieran pronunciado de la misma manera que IA con las víctimas de abusos policiales y motivación política, y con las torturas".

En rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco, Agirrezabala ha hecho referencia a las reacciones que ha suscitado el pronunciamiento de la Izquierda Abertzale por parte de PSE y PP, que han calificado como "insuficiente" el documento 'Construyamos la paz en el proceso democrático'.

Agirrezabala ha considerado "llamativa" esta calificación y ha expresado su deseo de que "quienes hacen esta afirmación se hubieran pronunciado de la misma manera que la Izquierda Abertzale con las víctimas de abusos policiales y motivación política, y con las torturas". "¿Cómo tenemos que definir la postura del PP o del PSE hacia esas víctimas?", se ha preguntado.

En este sentido, ha recordado que el PP ha rechazado participar en la Ponencia que está abordando este asunto en la Cámara vasca para señalar que si hacen una lectura de que es insuficiente, habría que calificar la postura del PP de "muy deficiente" respecto a las víctimas de motivación política.

"Decir que reparar a las víctimas de abusos policiales es una irresponsabilidad, es un insulto a las víctimas y a sus familiares, y grave porque demuestra que el PP sigue anclado en el pasado y no que no quiere saber nada de los crímenes cometidos por la policía y la guardia civil, y sigue pensando que solo hay víctimas de ETA".

Asimismo, ha defendido que en la Ponencia "no hay equiparación ni se dice que se justifica a ETA o que hubo una guerra en dos bandos", sino que "simplemente queremos reconocer y reparar el daño sufrido por unas víctimas que han sido sistemáticamente olvidadas hasta ahora".

"El PP debería saber que reconocer por parte de todos, el daño sufrido, sea quien sea la víctima, es el único camino que tenemos para llegar a un escenario de reconciliación y convivencia", ha insistido.

EA ha presentado 21 alegaciones al borrador de decreto sobre víctimas de abusos policiales y parapoliciales elaborado por el Gobierno vasco, al considerar que aunque "es un paso adelante porque se parte de cero" en este asunto, se queda "muy corto".

Según ha explicado Agirrezabala, su formación pide que la Comisión de valoración prevista en el decreto sea "totalmente independiente", sin vinculación orgánica al Gobierno vasco porque "la mejor forma de garantizar su eficacia es permitir que trabaje con independencia y que sus integrantes sean expertos independientes no sometidos a servidumbres política de ningún signo".

Para ello, ha propuesto que la presidencia sea ocupada por una persona "de prestigio y sin afiliación política", que sea elegida por el Parlamento. Además, se deberán elegir tres expertos, dos de ellos nombrados por la Cámara y la tercera elegida tras un proceso participativo con organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Además plantea que se incluya a un representante del Ararteko.

Independencia de la comisión

Al respecto, ha afirmado que la directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Inés Ibañez de Maeztu, no debería ocupar la presidencia de esta Comisión, al entender que "si se habla de un comité de valoración, el rasgo más importante que debería tener debería ser la independencia".

Por otro lado, EA cree que las indemnizaciones económicas "deben ser las mismas" que prevé la Ley de Víctimas del terrorismo "para que no haya discriminaciones" y que el decreto parte del año 1960, igual que la citada ley.

Además, cree que "falta definir con claridad y sin ambigüedad" los principales elementos que inspiran el decreto, "como el derecho de las víctimas de abusos policiales a recibir reparación, justicia y verdad, que hasta ahora han sido discriminadas y desatendidas", así como el "reconocimiento de la responsabilidad el Estado en la vulneración de Derechos Humanos en Euskal Herria".

Finalmente, ha afirmado que no ve "justificado" que se divida en dos decretos que van desde 1968-1978 y otro de 1978 en adelante porque considera que debería haberse elaborado un solo decreto, a pesar de reconocer la existencia de dos contextos históricos claramente diferenciados como la dictadura y democracia. "Las víctimas no son más o menos víctimas en función de la fecha en que se pudieran producir las vulneraciones", ha concluido.