El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a que acabe con la "opacidad" del Consell sobre el 'caso Nóos' que dirigía Iñaki Urdangarin y que está siendo juzgado en Palma de Mallorca por presunto desvío de fondos públicos y privados a través de este instituto y la creación de una supuesta red de evasión fiscal.

Blanco ha exigido, en un comunicado, que el Consell "dé la cara" y "explique cuál fue la actuación de la Generalitat Valenciana" en los contratos que firmó con el Instituto Nóos porque, ha advertido, "les puede estallar en las manos, teniendo en cuenta las explosivas declaraciones que se están llevando a cabo en Palma".

El portavoz de EU considera que "no estaría tan clara" la facturación de los eventos del yerno del rey cuando la Generalitat "rechazó facturas valoradas en 725.000 euros". Además, ha señalado que la declaración ante el juez del entonces asesor fiscal de la trama, Marco Antonio Tejeiro, "confirma que la consellera Lola Johnson nos mintió de manera descarada en sede parlamentaria". Blanco ha lamentado que "mientras que el Consell nos prohíba comprobar los expedientes de la contratación de Urdangarin, resulta imposible saber cuántas facturas falsas coló Nóos a la Generalitat".

El diputado ha recordado que Esquerra Unida ha presentado 15 iniciativas parlamentarias sobre el caso Nóos, "todas ellas vetadas, respuestas con evasivas o pendientes de tramitación", de forma que hasta el momento el gobierno de Fabra "no ha querido dar la cara sobre las relaciones con Iñaki Urdangarin durante la era Camps", ha agregado.

Blanco ha señalado que "ya son cuatro los ex altos cargos de la Generalitat imputados por el juez de Palma", en referencia a Jorge Vela, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado e Isabel Villalonga. En el caso de ésta última, exsubsecretaria de Presidencia y persona "de máxima confianza" de Francisco Camps, el portavoz adjunto de Esquerra Unida considera "tan increíbles como sospechosas las explicaciones dadas a la policía y al fiscal sobre la pérdida de los expedientes administrativos en una mudanza".

"Si alguien ha hecho desaparecer los papeles —ha continuado— hará falta una investigación para aclarar las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales".