CC.OO. y UGT tienen intención de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral al entender que hay elementos de esta ley que vulneran la Carta Magna.

Los sindicatos no pueden presentar un recurso de inscontitucionalidad directamente, tienen que hacerlo o a través del Defensor del Pueblo o por medio de los Grupos Parlamentarios, para lo que se requieren al menos 50 diputados.

De momento, los servicios jurídicos de ambos sindicatos ya están trabajando en un dictamen para argumentar la inconstitucionalidad de la reforma laboral.

Entre otros puntos, CC.OO. y UGT ven inconstitucional el arbitraje obligatorio que impone la reforma laboral o el periodo de prueba de un año establecido en el nuevo contrato indefinido para emprendedores, durante el cual se podrá despedir a los trabajadores libre y gratuitamente.

El secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, ha afirmado este lunes que, además de "atacar" la Constitución, la reforma laboral aprobada por el Gobierno no respeta ni la Carta Social Europea ni los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Esta reforma ataca el derecho al trabajo. Son todo medidas contra los trabajadores de este país", ha denunciado Górriz, que ha reiterado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la petición de los sindicatos de que abra una mesa de diálogo social para cambiar la reforma.

Górriz ha recordado que los sindicatos han hecho "claras propuestas" al Gobierno para "impedir este ataque" a los derechos de los trabajadores, y ha criticado que, "por primera vez en 30 años", se ha hecho una reforma laboral que "choca y va de frente contra el diálogo social", concretamente contra el acuerdo de negociación colectiva que firmaron unas semanas antes de aprobarla.

La intención de CC.OO. y UGT de promover un recurso al Tribunal Constitucional se suma al anuncio hecho el pasado viernes por el PSOE de que acudirá al TC si la reforma laboral no se modifica en el Parlamento.

El Gobierno, por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió tras el Consejo de Ministros la constitucionalidad de la reforma y aseguró que "lo más constitucional" que se puede hacer es garantizar el derecho al trabajo, recogido por la Carta Magna en su artículo 35.