El grupo municipal socialista ha informado este domingo de que el Ayuntamiento de Valencia pagó 18.000 euros por el informe que sustentó la querella contra la exministra de Cultura Ángeles González Sinde por presuntos delitos de prevariación y usurpación de atribuciones en relación con la decisión de paralizar el plan urbanístico del Cabanyal.

En un comunicado, el portavoz adjunto socialista, Salvador Broseta, ha señalado que estos datos han sido ofrecidos por el equipo de Gobierno ante la pregunta presentada por su formación en el pasado pleno municipal. Así, la citada respuesta señala que "el coste del informe elaborado por el profesor Muñoz Machado que sustentó la citada querella fue de 18.000 euros" y que "no fueron los servicios jurídicos municipales los que prepararon la querella, sino el despacho profesional de Esteban Mestre Delgado, por una cuantía de 14.750 euros".

Ante estos hechos, el portavoz adjunto ha criticado que los ciudadanos "tengan que asumir el pago de los 32.750 euros que costó la querella" que interpusieron la Generalitat y el Ayuntamiento contra la exministra y ha lamentado que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "utilice el dinero público para financiar su campaña contra el barrio del Cabanyal". "Podría haber destinado este dinero a fines mejores que una querella absurda que fue tumbada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", ha remarcado.

Broseta ha insistido en que resulta "inadmisible" que los ciudadanos "tengan que asumir el coste de las obsesiones de Rita Barberá", a quien ha acusado de utilizar la querella para "alimentar la división entre vecinos y mantener el abandono del barrio".

"La prolongación de Blasco Ibáñez es un capricho de Barberá fallido e inviable que nos ha costado muy caro porque ha consumido recursos y ha frenado el desarrollo económico de la ciudad", ha argumentado. Así, ha incidido en que "solo ha servido para generar crispación y sufrimiento a los vecinos".

Por ello, ha emplazado a la primera edil a anular la circular 1/2010 que supone la suspensión cautelar de las licencias en toda la zona del Cabanyal", porque ha recordado que la Abogacía del Estado "ya dejó claras las posibilidades de actuar sin entrar en colisión con la legislación vigente".

Rehabilitar inmuebles

También ha situado como "prioritario" reactivar "el convenio existente entre el Gobierno de España, la Generalitat y el Ayuntamiento para rehabilitar inmuebles y equipamientos en el Cabanyal", así como "recuperar la mayor parte posible de los recursos que se asignaron en el Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, que podrían haber supuesto una inversión de 170 millones de euros".

De la misma forma, ha manifestado que los "más de 9 millones de euros del presupuesto para comprar inmuebles destinados a ser tapiados o derribados deberían ser aplicados a actividades más productivas y generadoras de empleo como equipamientos socioculturales, educativos, centros de empresas, remodelación de plazas y espacios públicos".