El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha manifestado su satisfacción tras conocer la decisión del Gobierno de España de revisar el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, Antonio Silván ha aplaudido la decisión del Consejo de Ministros que tiene el "propósito expreso", según sus palabras, de dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas y de evitar conflictos sociales, económicos o territoriales injustificados.

Silván considera que con esta decisión se atienden las demandas de los afectados, se disipa la alarma social que se ha había generado en las últimas semanas "y se respalda una actividad que desarrollan unos doscientos mil pescadores en toda la Comunidad y que por lo tanto conlleva una importante actividad social y económica vinculada al ámbito rural".

El Gobierno entiende que la norma, además de contener "importantes indefiniciones jurídicas" que dificultan su aplicación, incorpora un listado de especies potencialmente invasoras a las que aplica un régimen altamente restrictivo, que afectaría a especies como la carpa o la trucha arco iris, integradas desde hace siglos en el ecosistema español.

Para Silván, el Ejecutivo atiende así las inquietudes del conjunto de las comunidades autónomas que, en sucesivas reuniones con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, han advertido de los "problemas e indefiniciones jurídicas" que el actual Real Decreto ha mostrado en su aplicación desde su entrada en vigor el pasado 13 de diciembre.

"Esta situación de conflictividad ya había provocado que el Real Decreto se encuentre ya recurrido en el Tribunal Supremo, entre otros, por la Federación Española de Pesca", ha explicado el consejero. Además, Castilla y León, Aragón y Cataluña habían remitido al Ministerio requerimientos previos a la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo, solicitando el reconocimiento de la actual nulidad de la norma, que parcialmente ha sido estimada por el Consejo de Ministros.

De hecho, han continuado las mismas fuentes, la Junta de Castilla y León, a través de la Orden FYM 26/01/12, ya había interpuesto un requerimiento previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa contra el RD 1628/2011. El Gobierno regional recurriría esta norma aprobada "de forma unilateral" por el anterior Ejecutivo central, "y a espaldas de las comunidades autónomas, por el grave perjuicio que ocasiona a la pesca en Castilla y León, por la alarma e impacto social que ha generado entre los pescadores y las negativas repercusiones socio-económicas sobre la actividad de la pesca y el turismo".

Reunión con el ministro

Además, el consejero planteará al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, la modificación del Real Decreto en la reunión que mantendrá el próximo miércoles, 29 de febrero, en Madrid.

Las mismas fuentes han indicado que tras la medida adoptada ayer, el Gobierno establecerá, de forma consensuada con las administraciones autonómicas competentes, un nuevo marco regulador que refuerce el control y la erradicación de las especies exóticas invasoras que supongan una amenaza grave para el medio natural, "en sintonía con el respeto a las actividades económicas y tradicionales como la caza y la pesca recreativa".

Silván ha recordado que la Junta ya había expresado que la aplicación de la norma era "especialmente grave" al dejar de percibir ingresos económicos derivados de los cotos que superarían los 325.000 euros anuales. Además, con este Real Decreto se produciría un segundo daño económico con los permisos, por ejemplo, de cangrejo señal -En Castilla y León se dan del orden de 10.165 permisos por este concepto lo que supone un ingreso de 95.551 euros a añadir a la cifra reflejada anteriormente-.

"Estas cantidades únicamente son consecuencia de las repercusiones directas de la aprobación del Real Decreto, pero los costes indirectos serían mucho más graves, especialmente en el sector servicios y turístico asociado a la pesca, que es especialmente sensible por desarrollarse en el medio rural", ha indicado. Además, "influye negativamente en una de las políticas que rige en Castilla y León y que ha inspirado el Plan Forestal, que es evitar la despoblación en las zonas rurales".

En la actualidad más de 30.000 pescadores de la Comunidad estarían afectados por la inactividad de 25 cotos de pesca y unos perjuicios económicos vinculados al turismo, la hostelería y a todos los sectores profesionales ligados a la pesca que ya se habrían evaluado en de más de 30 millones de euros.