El expediente de regulación de empleo (ERE) de Urende, que ha implicado el cierre de 18 tiendas en toda España y el despido de 592 trabajadores, con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, también ha incluido un "Plan de Acompañamiento Social", para formación de los despedidos y facilitar su búsqueda de un nuevo empleo.

Así se recoge en el auto del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, al que ha accedido Europa Press, que dictó el titular del mismo, el magistrado Fernando Caballero, el pasado 7 de febrero, que ahora ya es firme y mediante el que se aprobó el citado ERE, tras el visto bueno previo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que antes acordaron los trabajadores y dicha cadena de venta de electrodomésticos, que está en situación de concurso voluntario de acreedores y con una deuda de más de 230 millones de euros.

El citado Plan de Acompañamiento Social incluido en el ERE, que también conlleva mantener abiertas cuatro tiendas (tres en Andalucía y una en Castilla-La Mancha) y 110 puestos de trabajo,

prevé, "entre otras medidas y a petición de las organizaciones sindicales", la condición de "abonar una cantidad bruta a tanto alzado a los trabajadores", para contribuir "a su formación y reciclaje, y con el objetivo de mejorar su situación de competitividad en el mercado de trabajo, favorecer su búsqueda de empleo o contribuir a iniciar proyectos empresariales por cuenta propia".

El objetivo, según recoge el auto judicial, es intentar "compensar así su pérdida de empleo y la situación en la que quedan al sufrir la extinción del contrato", en base a un "reparto que se ha realizado en función de la edad, la antigüedad en la empresa, los años (de cada empleado), las categorías y los salarios", teniendo en cuenta, además, "a los más desfavorecidos por sus distintas circunstancias personales", correspondiendo a la empresa el abono de las cantidades correspondientes.

Llamamiento de ugt

Por otro lado y en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Comercio de UGT-Córdoba, Antonio Vacas, sin querer entrar a valorar el contenido del auto judicial, ha recordado que los trabajadores aceptaron el ERE como "la solución menos mala, porque la alternativa era la liquidación y el cierre total", mientras que el acuerdo ha permitido mantener abiertas cuatro tiendas y 110 puestos de trabajo, aunque también ha precisado que, para que Urende tenga futuro "ahora necesita del apoyo de los ciudadanos" en Córdoba, Granada, Jaén y Ciudad Real, donde se mantienen abiertas las citadas tiendas, a las que el sindicalista espera que "vayan a hacer sus compras, como forma de apoyo a los trabajadores".

En cualquier caso, Vacas ha querido dejar claro que su sindicato velará "por el cumplimiento de los respectivos convenios provinciales de comercio, para que los trabajadores no pierdan derechos", en la confianza de que el ERE "sea un paso atrás momentáneo, para que, a medio plazo, Urende vuelva a expandirse, aunque ya no llegue a ser la misma que hace seis meses", cuando tenía 22 tiendas y 702 trabajadores. Por eso, "los trabajadores esperan que su esfuerzo no sea baldío".

En este sentido, para que el mantenimiento y la posterior recuperación de Urende sea posible, el sindicalista ha subrayado que "ahora las cuatro tiendas se tienen que llenar de material vendible y que éste no se ofrezca por debajo del coste", como ha ocurrido durante la pasada campaña navideña, dada la necesidad de liquidez de Urende.