El portavoz del área Institucional del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Rodríguez Miranda, ha acusado este viernes al PSdeG de "ver aún la política en blanco y negro" y le ha recordado que conoce la Ley de recortes a los funcionarios "desde el pasado 16 de febrero" y que el plazo de enmiendas termina el próximo lunes 27, de modo que tendrá un total de "11 días" para posicionarse sobre el texto.

A través de un comunicado, ha salido así al paso de las declaraciones de su homólogo en el Grupo Socialista, José Manuel Lage, quien denunció "incumplimientos legales" en la tramitación de la citada norma y pidió la suspensión de su aprobación, al tiempo que acusó al PP de convertir el Parlamento en "las Cortes Franquistas" por limitar el debate.

Por su parte, el popular ha criticado "el gusto de los socialistas gallegos por utilizar el Reglamento del Parlamento según les convenga", ya que "saben perfectamente" que "cualquier gobierno" puede solicitar la tramitación de una ley por lectura única. "La mejor prueba de ello es que el bipartito hizo uso de ella en tres ocasiones", ha recordado.

De nuevo sobre el plazo para presentar enmiendas —únicamente se puede pedir la devolución del texto, sin propuestas parciales—, Miranda ha indicado que su grupo está "expectante" por ver "cómo se conforma" la del PSdeG para "ahorrar 130 millones de euros" en la Administración autonómica. A renglón seguido, no obstante, ha circunscrito las críticas de los socialistas a que están "buscando excusas para justificar su incapacidad para proponer alternativas".

En cuanto a que esta ley supone una modificación de los presupuestos de la Xunta "por la puerta de atrás", el diputado del PP ha considerado esta afirmación "un insulto a la inteligencia de todos los gallegos", por tratarse de una norma "que permite a la Administración reducir gastos para asegurar la prestación de los servicios públicos" y de la que hubo "absoluta publicidad" durante todo el proceso de elaboración.

Zapatero bajó el sueldo a funcionarios

Ello, después de resaltar que la actual Xunta "se distingue por la importante reducción llevada a cabo en la estructura política de la Administración", que se tradujo "en una bajada de un 90 por ciento de los gastos destinados a altos cargos de la administración periférica, de un 30 por ciento en asesores, de un 50 por ciento en el número de altos cargos de la administración general y de un 40 por ciento en el número de consellerías".

En todo caso, ha vuelto a insistir en que la ley que el Parlamento aprobará el próximo martes "no recoge en ninguno de sus artículos una bajada de salarios para los funcionarios públicos". "Es más, la adopción de estas medidas tiene como uno de sus principales objetivos evitar una reducción en sus percepciones", ha afirmado, para contraponer esta medida con el recorte del cinco por ciento del anterior Gobierno socialista.