El sindicato de UGT ha asegurado que el alcalde de Gáldar (Gran Canaria), Teodoro Sosa, "no parará" hasta "cargarse su particular lista negra" de trabajadores, después de que afirmen que el primer edil ha solicitado en el Juzgado de lo Social una ampliación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

UGT señala que Sosa ha interpuesto una demanda en el Juzgado de lo Social donde pide que el ERE, "autorizado parcialmente por la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, se amplíe" para mantener en el paro a 87 trabajadores "durante un año completo, en lugar de los seis meses que aprobó la Consejería".

Según ha informado el sindicato, en un comunicado, el alcalde de Gáldar ha solicitado al Juzgado "despedir a los 37 trabajadores que no autorizó" Empleo.

"Demuestra que —el alcalde de Gáldar— no parará hasta cargarse su particular lista negra de trabajadores que incluyó en su plan de ordenación de recursos humanos que contempla las medidas de suspensión y extinción de los contratos de estos trabajadores", apuntilló.

Sin embargo, UGT "tiene impugnado" en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dicho plan de ordenación de recursos humanos, consiguiendo que se "ordene la suspensión cautelar inmediata del mismo" aunque acusa al alcalde de Gáldar de seguir "aplicándolo, manteniendo en este momento a 44 trabajadores en el paro con su contrato suspendido y a otras 17 personas despedidas bajo el eufemismo de prejubilados".

Asimismo, UGT indicó que tras solicitar la ejecución de la orden judicial que dispuso la suspensión cautelar del plan, la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha remitido una diligencia a Sosa donde le requiere a la "autoridad administrativa para que informe a esta Sala en el plazo de tres días, de todos los actos administrativos realizados a fin de llevar a cabo la ejecución, y en su caso, explique las razones que lo hayan impedido, o bien que, justifique a través de los medios legales oportunos que la ejecución se ha realizado en los términos acordados por este Tribunal en el Auto dictado con fecha 29 de diciembre de 2011".

Finalmente, le advierte que de no verificarlo se impondrán unas multas coercitivas de 150 a 1.500 euros, con reiteración de las mismas, hasta la completa ejecución de la resolución judicial, "sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiera lugar, así como deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".