La familia Ruiz-Mateos emprendió en 2009 un proceso de traspaso de parte del negocio de las empresas españolas a sociedades radicadas en paraísos fiscales para evitar la expropiación de Nueva Rumasa, como la ocurrida en 1983 de la que este jueves se cumplen 29 años, según se desprende del informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Con este objetivo, los propietarios de holding de la abeja también utilizaron a 27 testaferros para ponerlos al frente de las 149 sociedades, tanto patrimoniales como pertenecientes al grupo Nueva Rumasa, en España y nueve países extranjeros, según se desprende del informe.

Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil sitúan a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero Alfonso, como el responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en el extranjero. Barón declarará el próximo 29 de febrero como imputado ante la Audiencia Nacional.

De la documentación incautada por la Udef se desprende que los Ruiz-Mateos traspasaron la propiedad de las empresas españolas a sociedades radicadas en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

En su auto del pasado 15 de febrero, el juez Ruz levantó parte del secreto de sumario de la causa que investiga a José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental en la venta de pagarés a los inversores.

Nueva Rumasa creó como otra fórmula de financiación "facturas falsas o documentos de cobro para ser descontados en las líneas de crédito que tenían abiertas en diferentes entidades financieras como el Banco Santander", según la auditora interna de Nueva Rumasa, Francisca Rodríguez.

En su declaración del pasado 20 de diciembre ante la Brigada de Blanqueo de Capitales, Rodríguez añadió que en algún momento se utilizó la misma factura en dos ocasiones y se hicieron facturas por servicios no prestados. Este tipo de operativa, aseguró, era conocido en la familia Ruiz-Mateos como operaciones "fuelle" y era "un tipo de papel pelota". La auditora se refiere a una práctica en la que se encadenan las facturas entre una sociedad y otra, y que finalmente ninguna de ellas acaba pagando.

En su declaración, Francisca Rodríguez quiso manifestar que como profesional auditora desde hace más de 25 años la situación de las sociedades Clesa, Carcesa, Grupo Dhul, Hibramer y la división hotelera de Nueva Rumasa "era del todo incompatible con la emisión de pagarés, sobre todo con ese tipo de interés".

A su juicio, la familia Ruiz-Mateos era "plenamente consciente de la mala situación empresarial de las mismas y del riesgo que corrían de no poder devolver no sólo el principal, sino también los intereses vencidos".

Los Ruiz-Mateos captaron a 4.110 inversores que destinaron 337 millones de euros a las 13 emisiones de pagarés de Nueva Rumasa, de las cuales -según la publicidad- algunas de las emisiones prometían rentabilidades de entre el 10% y el 8%.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, por otra parte, ha dictado la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores de la empresa de pastelería congelada Helados Dhul (Nueva Rumasa) y la disolución de la sociedad.

La decisión, adoptada mediante un auto con fecha 7 de febrero, se produce a petición de la administración concursal, que pretende abrir un proceso de venta de la unidad productiva. Los administradores concursales elaborarán un plan de liquidación en el que propondrán a la juez la enajenación de los inmuebles, la maquinaria y las marcas de la empresa. Según las mismas fuentes, ya ha habido muestras de interés en la compra de la fábrica.

Con una plantilla integrada por medio centenar de trabajadores cuando entró en concurso en mayo de 2011, Helados Dhul cuenta con una fábrica en Zaragoza y comercializa sus productos con la marca Neiss.

La gestión de Helados Dhul fue asumida de forma exclusiva por la administración concursal en el mes de octubre, cuando el Juzgado suspendió a la firma en las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio. Esta decisión se produjo después de que la familia Ruiz-Mateos anunciara la venta de sus empresas a sociedades pertenecientes al empresario Angel de Cabo.