UGT de Navarra ha afirmado que no firmará "ningún documento o acuerdo sobre cualquier paquete de medidas que representen recortes o supongan retrocesos de derechos sociales y salariales de los empleados de las Administraciones Públicas y afecten a la prestación de los servicios públicos de Navarra". Asimismo, ha asegurado que "ni negocia, ni negociará la aplicación de dichas medidas".

Así lo ha indicado el sindicato tras la celebración este miércoles de la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra, centrada en las medidas a adoptar en 2012 para la reducción de los gastos de personal.

UGT ha exigido, a través de una nota, "la retirada inmediata de todas y cada una de las medidas -unas aprobadas ya y otras pendientes- que afecten al retroceso o supongan recortes de los derechos sociales y salariales del personal de las Administraciones Públicas, a la prestación de los servicios públicos y al estado del bienestar de la ciudadanía Navarra".

Además, UGT ha presentado sugerencias al paquete de medidas del Gobierno con la intención de "minimizar el impacto de las mismas y aportar un mínimo de sentido común a la actual situación de crispación generada por ellas, dado que parece inamovible la firme voluntad del Gobierno foral de proceder a su aplicación inmediata".

En cuanto a la cuantía de la pensión del personal acogido al sistema de Montepíos, el sindicato considera que "es de justicia que, dado que se tiene la intención de aplicarla tal cual se ha redactado, se debe incluir un periodo transitorio e informativo (mínimo dos años) y su implantación debe ser gradual y progresiva, para evitar la arbitrariedad que supone en caso contrario, a semejanza del sistema empleado en la reforma del Sistema General de Pensiones".

Por otro lado, UGT se ha referido a las incapacidades temporales y ha reclamado que "se diferencie con claridad el concepto de absentismo y el concepto de incapacidad temporal". Además, ha sugerido que "se cree una Comisión Paritaria de Estudio en el seno de la Mesa General, que suspenda la aplicación de dicha medida".

Las funciones de dicha comisión sería "estudio y valoración de la incidencia de I.T. por ámbitos y colectivos; introducción de medidas correctoras en positivo y nunca coercitivas para el personal que haga un uso legítimo y legal de dicha situación; y estudio de la actual relación de enfermedades profesionales y su adaptación a la realidad de los servicios públicos, en el marco de la Administraciones Públicas de Navarra, contemplando la excepcionalidad que esto significa".

En cuanto a la ayuda familiar, el sindicato ha defendido que "no afecte la suspensión de la percepción de la misma a los niveles más bajos: al D y al E".

El sindicato ha exigido "la cuantificación económica de estas medidas, unas ya aprobadas y otras pendientes" y ha indicado que "salvo que el Gobierno foral entienda su retirada total, sea transparente en su aplicación y se traslade y descuente de las cantidades que, previsiblemente, se van a recortar en otro contexto y circunstancias futuribles".