Agentes de la Policía Nacional están registrando la sede de la Dirección General de Integración y Cooperación, ubicada en la calle del Pozo, dentro de la investigación abierta respecto a subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento. Estos registros han tenido lugar después de la detención del director general de Cooperación, Josep María Felip.

Esta operación la lleva el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que abrió el pasado mes de mayo una causa contra varias personas, entre ellas funcionarios, por supuesto fraude en la concesión de subvenciones. El procedimiento lo abrió tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

En concreto, el juzgado investiga los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental y otros. A lo largo de la mañana se han practicado varias detenciones, entre ellas la del director de Cooperación, Josep María Felip, y se han ordenado diferentes entradas y registros. La causa está bajo secreto.

Al respecto, el ministerio público abrió una investigación por este asunto en octubre de 2010, tras recibir una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Conselleria de Solidaridad —cuyo titular era Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Corts— a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.

En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que —según mantenía— acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

En respuesta a esta denuncia, Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana —así como de los grupos parlamentarios— los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.

Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la conselleria de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos —ahora Hemisferio—. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.