La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir ha propuesto este miércoles su disolución y liquidación, mientras que se ha planteado que los trabajadores no serán subrogados, aunque se apostado por abonarles los seis meses de sueldos atrasados, para lo que pedirán ayuda a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla y Cádiz, con quienes esperan negociar anticipos extraordinarios.

Según han informado fuentes cercanas a la entidad a Europa Press, la propuesta planteada por la presidenta de la Mancomunidad, Maria José Fernández, ante la que no se ha llegado a un acuerdo definitivo, era proceder a la disolución y analizar la situación en que quedarían los alrededor de 500 trabajadores y el desarrollo de los cursos de formación. Cabe recordar que ya el martes se mantuvieron reuniones por parte de los secretarios de los ayuntamientos afectados, mientras que este miércoles se ha celebrado otra reunión de los máximos órganos de la Mancomunidad.

Así, se ha acordado pedir una reunión con carácter "urgente" al consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, con el objetivo de que se implique en la resolución de la situación, así como a las Diputaciones de Sevilla y Cádiz para procurar la negociación de anticipos extraordinarios para que los municipios puedan pagar las cuotas que adeudan a la Mancomunidad y que podría emplearse en el pago a los trabajadores, a los que se les adeuda seis nóminas.

En este marco, sería la Mancomunidad la que tendría que aprobar en primera instancia su disolución en pleno, siendo a continuación ratificado en cada uno de los plenos de los municipios integrantes. Este pleno se prevé llevar a cabo una vez que se concreten las reuniones con las Administraciones regional y provinciales.

Así, se apunta a que se pueda proceder a la disolución a partir del 1 de marzo, mientras que la propuesta pasa por prorrogar los cursos que están finalizando hasta mediados de marzo, aunque los de más largo plazo quedarían en "suspenso". Sin embargo, las mismas fuentes aclaran que si estos cursos en desarrollo no se llevaran a cabo realmente, para que no hubiera mayores costes de persona, habría que devolver a la Junta por este concepto alrededor de 12 millones, una resolución de los cursos ante la que algunos municipios han planteado sus dudas.

En este marco, las fuentes aseguran que se ha llegado a esta "lamentable situación" como consecuencia de una "mala" gestión anterior, que ahora llevará a "dramas familiares", ya que hay unas 500 personas trabajando entre cursos y estructurales. Además, indican que el tener que abonar ahora las cuotas atrasadas será algo "muy complicado, teniendo en cuenta el difícil momento por el que se pasa en los ayuntamientos".

Igualmente, fuentes sindicales han indicado a Europa Press que no se acometerá ningún proceso de subrogación, de forma que, "todos irán a la calle y ningún trabajador podrá subrogare, porque los ayuntamientos no tienen estructura para absorber a esa plantilla".

En cuanto a la sociedad instrumental Gesalquivir, las fuentes precisan que esta sociedad va a entrar en preconcurso de acreedores, aunque han precisado que "no se ha determinado nada sobre el pagos de los sueldos atrasados a los trabajadores de este ente".

"Hay que tener mucha caradura y muy poco respeto para encima decir que no te van a pagar nada de las seis nóminas que nos deben", han lamentado fuentes sindicales, quienes recuerdan que la situación de preconcurso "supone demorar nuestra agonía cuatro meses más y sin perspectiva de cobrar absolutamente nada". Por su parte, los trabajadores de Gesalquivir han indicado que pedirán que se les dé la carta de despido para "no prolongar más esta agonía".