El pleno del Senado ha aprobado por 177 votos a favor y 75 en contra, los del PSOE, una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988 para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo y con los derechos de los propietarios en estas zonas, y que permita una aplicación homogénea en las concesiones para los chiringuitos.

La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre de los establecimientos de venta de comidas y bebidas teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.

Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.

Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".

Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.

A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.

Psoe anuncia que la reforma será en 15 DÍAS

Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno del PP llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando", ya que cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".

Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha criticado.

Los chiringuitos,

"una excusa"

Por otro lado, los senadores socialistas andaluces han criticado que, con esta propuesta, el PP "no sólo va en contra del camino emprendido por la UE, sino que además va en contra de la gestión de la Junta de Andalucía, que ha resuelto el 80 por ciento de los expedientes en tan sólo ocho meses".

Los parlamentarios del PSOE han subrayado, una vez más y de manera rotunda, su apoyo a los chiringuitos y al valor que tienen para el empleo y la economía andaluza, "chiringuitos que están siendo utilizados por el Partido Popular como una excusa para modificar la ley", han afirmado.

Además, han añadido que el Gobierno de Andalucía mantiene un diálogo permanente con el sector al que apoya totalmente. "El verdadero problema, han puntualizado, es la preservación del ecosistema, el riesgo de convertir la costa mediterránea en una sucesión de cemento", han mantenido los socialistas andaluces, que también han abogado por la protección de las costas españolas aduciendo que "la playa es de todos".