El arquitecto municipal del Ayuntamiento de La Vall de Laguart (Alicante) entre los años 1993 y 1997, ha declarado que las modificaciones urbanísticas aprobadas por el pleno en 1994 no afectaban a la vivienda familiar del que fuera alcalde de este municipio hasta 1995, José Vicente Puchol Vicens, padre del denunciante en esta causa.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha celebrado este miércoles la tercera sesión del juicio contra su sucesor en el cargo, Juan José Puchol Riera, acusado de los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio, por los que el fiscal le pide una pena de ocho años de prisión y 20 años y medio de inhabilitación para cargo público.

El arquitecto municipal bajo los mandatos del acusado y del afectado ha declarado en calidad de testigo que, en 1994, el Ayuntamiento aprobó de manera provisional tres modificaciones puntuales de las normas subsidiarias —que regían el ordenamiento urbanístico de la localidad por entonces—, entre ellas la creación de un vial que afectaba a una propiedad del Puchol Vicens.

En este punto, tras examinar un plano de la zona afectada, el arquitecto ha aclarado que, de acuerdo con las diligencias llevadas a cabo al respecto por el Ayuntamiento, la nueva calle proyectada "no llegaba hasta la vivienda" del primer edil.

Después de contrastar este plano con otro posterior que el Consistorio presentó a la Conselleria de Urbanismo (Coput) —en el que la nueva vía sí pasaba sobre la vivienda familiar del exalcalde—, ha reconocido que "no coinciden" y que éste "si fue enviado a la Coput fue un error, porque no se corresponde con las diligencias hechas en el Ayuntamiento".

Estas modificaciones puntuales de las normas subsidiarias finalmente no fueron aprobadas por la Coput, que en 1995 consideró necesario que el Ayuntamiento iniciara los trámites para elaborar un plan general de ordenación urbanística.

El arquitecto, que en 1997 abandonó su puesto por "una pérdida de confianza" en la corporación, también se ha referido al procedimiento seguido en la concesión de licencias durante los mandatos del acusado y del afectado.

En ambos casos, ha indicado, el Ayuntamiento requería un informe técnico favorable y el visto bueno del pleno para conceder las licencias de obra, y ha afirmado que desconoce "si se daban licencias verbales".

Aunque este técnico municipal ha manifestado que no recuerda buena parte de los detalles que le han requerido las partes, sí ha precisado que él nunca se negó a dar información urbanística a concejales de la corporación, tal y como mantiene el fiscal y la acusación particular.

Por su parte, otro de los arquitectos municipales citados a declarar como testigo, que trabajó en el consistorio hasta el año 93 con José Vicente Puchol Vicens, ha explicado que la práctica habitual era que él informara al pleno sobre las licencias de obra del municipio. HECHOS

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 1995 y 1997, cuando el acusado era alcalde de la citada localidad. En octubre de 1995, "de manera injusta y arbitraria", según el escrito de acusación provisional del ministerio público, el procesado remitió un escrito a la Conselleria de Territorio en nombre de la corporación municipal en el que solicitaba determinados cambios en el planeamiento urbanístico.

Estos cambios, según mantiene el fiscal y la acusación particular, no habían sido acordados en el pleno e incluían la eliminación de un vial que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde y acusado, situada en la partida Peña Lisa, así como la creación de otro vial "por encima de la vivienda, garaje y naves propiedad del anterior alcalde, con el que tenía una enemistad manifiesta".

Para justificar esta última modificación del planeamiento, el procesado supuestamente envió un plano correspondiente a la modificación puntual número tres de las Normas Subsidiarias que regían, por entonces, el urbanismo del municipio.

En este punto, el anterior alcalde y otro de sus hijos han recordado que el Ayuntamiento les negó sistemáticamente la información urbanística que necesitaban para presentar las alegaciones al plan general, por lo que acudieron a las delegaciones de la COPUT en Alicante y Valencia para conseguir esta documentación.

Padre e hijo han asegurado que, en sus pesquisas para hacerse con la documentación urbanística, constataron que había hasta tres o cuatro versiones distintas de los planos, y que uno de los planos tenía tapado con corrector el punto en que se ubicaba la vivienda familiar.

El procesado también está acusado de falsificación documental, al considerar el fiscal y la acusación que el plano aportado por el alcalde para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana no se correspondía con la aprobada provisionalmente por los plenos del Ayuntamiento en el año 1994, y que posteriormente no fue aprobada con carácter definitivo por la Generalitat, y en el que no constaba la vivienda, garaje ni naves propiedad de su antecesor.