La deuda sanitaria no visible de las comunidades asciende a 4.100 millones de euros

  • Esa deuda hace referencia a conciertos con hospitales privados, servicios externalizados y no asistenciales o farmacias.
  • Se suman a los 11.600 millones que las autonomías deben por suministro de medicamentos y de tecnología.
  • El gasto sanitario es el 32,2% de los presupuestos de las comunidades autónomas, la mayor partida.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, situado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, situado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.
EFE
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, situado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

La deuda sanitaria no visible de las CCAA supera los 4.100 millones de euros, que se suman a los 11.600 millones que las autonomías deben por suministro de medicamentos y de tecnología.

6.369 millones corresponden a suministro de medicamentos y los 5.230 restantes a la contraída con las empresas de tecnología sanitaria. Esta deuda se ha incrementado en 3.043 millones (un 35,6%) en el periodo 2010-2011.

Así se recoge en un informe sobre "Deuda pública con el sector sanitario privado", del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) hecho público este miércoles, que advierte de que el elevado déficit de las administraciones públicas y la necesidad de reequilibrar su presupuesto tiene un alto potencial de impacto en el gasto sanitario público y en la deuda acumulada.

El informe precisa que el cálculo de la deuda sanitaria no visible es especialmente complejo debido, fundamentalmente, a la gran diversidad de agentes privados con los que interactúa la administración sanitaria (tanto por tipología como por número).

Esta última engloba conciertos de lista de espera con hospitales privados, modelos de colaboración público-privada, oficinas de farmacia, empresas de servicios no asistenciales (limpieza, cocina, lavandería, archivo, etc) y deuda no contabilizada.

Además, la no obligatoriedad por parte de las entidades privadas de desglosar las deudas de sus clientes y, en concreto, las de la administración pública, y el insuficiente desglose en las partidas presupuestarias a las que asignan los acuerdos o conciertos con el sector privado contribuyen también a esa complejidad.

El gasto sanitario anual en conciertos asciende a 7.300 millones de euros y la deuda de las administraciones públicas con el sector privado y concertado se estima en 2.171 millones, de los que 709 millones corresponde a conciertos sanitarios con la red pública y, 1.462 millones a clínicas privadas propiamente dichas.

Los otros 1.930 millones de la deuda no visible corresponden a la contraída con las oficinas de farmacia, que afecta a 15.273 de ellas, el 71,4 por ciento del total.

Para normalizar esta situación, el IDIS, entidad que representa al sector sanitario privado, destaca la necesidad de conocer en detalle el importe que la Administración adeuda al sector sanitario privado en su totalidad (conceptos, importes, vencimientos..); y establecer un plan de pagos para la deuda vencida, así como mecanismos que permitan la financiación de las empresas hasta el momento del cobro.

Además, aboga por normalizar el pago de los suministros y servicios ofrecidos en el año 2012 y por asegurar unos periodos de pago comunes para todos los proveedores (energía, fármacos, asistencia sanitaria, etc).

Sólo La Rioja, Murcia y Madrid han aumentado su presupuesto

El gasto sanitario público es el principal componente de los presupuestos de las comunidades autónomas (32,2% del total).

Aunque al comienzo de la crisis, el presupuesto sanitario de las CCAA seguía incrementándose de forma global, dicho incremento se ha reducido considerablemente y ha llegado, incluso, decrecer en el periodo 2010-2011 (-3,9%), señala el informe.

No obstante, el ajuste no ha sido homogéneo en todas las comunidades autónomas.

Así, La Rioja, Murcia y Madrid han aumentado su presupuesto para sanidad (un 5,4, 1,9 y 0,8%, en cada caso), en tanto que Baleares lo ha mantenido.

El resto de autonomías lo han reducido, especialmente Canarias (-11,1%), Cantabria (-8,3%) y Cataluña (-7%).

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