CC presenta una iniciativa para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse en programas de televisión

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que acometa las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión.

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que acometa las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión.

A través de una nota de prensa, Ana Oramas ha explicado que pedirá que el Gobierno inicie los cambios normativos precisos, bien por modificación de la Ley de Televisión Privada y la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, o por su desarrollo reglamentario, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Esta prohibición alcanzará también a sus familiares o allegados.

En la misma iniciativa, la diputada nacionalista plantea también que se estudie la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado.

Según Ana Oramas, "la controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".

La diputada nacionalista ha enumerado en su iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación y ha subrayado que todos ellos "supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas".

"Se da así la circunstancia de que medios televisivos* que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas", agregó.

Oramas ha añadido que desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa "se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos".

A su juicio, "este hecho es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas. De forma que los delincuentes no puedan percibir beneficios económicos por sus apariciones, no ya sólo en los medios audiovisuales beneficiarios de una concesión administrativa de las administraciones públicas, sino en cualquier otro tipo de medio de comunicación impreso o digital".

Por último, ha apuntado que la extensión continuada de pagos a personas condenadas o relacionadas con condenados o imputados por ocupar tiempos de pantalla y ganar determinadas audiencias "se ha convertido, en muchos casos, no ya sólo en un circo donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias".

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