Armengol dice que el decreto sobre urbanismo sostenible puede llevar a una "segunda balearización"

El PSIB ha señalado que el decreto sobre urbanismo sostenible, que se aprobó el viernes pasado en Consell de Govern, puede llevar a una "segunda balearización" porque supone "un disparate económico" y provocará "la destrucción del territorio". El PP, sin embargo, ha afirmado que dará "seguridad jurídica".

El PSIB ha señalado que el decreto sobre urbanismo sostenible, que se aprobó el viernes pasado en Consell de Govern, puede llevar a una "segunda balearización" porque supone "un disparate económico" y provocará "la destrucción del territorio". El PP, sin embargo, ha afirmado que dará "seguridad jurídica".

La portavoz parlamentaria de los socialistas, Francina Armengol, ha calificado de "vergüenza absoluta" y de "tomadura de pelo" ya que "hace tres semanas" los llamaron "para negociar y hablar sobre un pacto por el territorio" y "el viernes se aprobó de manera unilateral el decreto", "sin que avisaran a nadie".

"Parece que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, sólo busca hacerse una foto pero su ejecutivo tiene "incapacidad para negociar", ha destacado. Para la representante es "insultante" la actuación del PP en este sentido y ha destacado que "no es lógico" que algo tan "fágil" como las medidas territoriales "vayan por decreto Ley", ya que éstos "sólo" se pueden contemplar "desde el punto de vista de la urgencia".

Además, ha señalado que "deja al margen todo el Plan Territorial" y "tira por tierra un acuerdo que Bauzá -ha recalcado la socialista- dijo que debería durar diez años".

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario popular, Mabel Cabrer, ha dicho que las reformas permitirán la "consolidación de urbanizaciones ya establecidas" pero que no habla de "territorios o suelos concretos".

Así, ha insistido en que da "seguridad jurídica" y que respecto "las situaciones concretas se tendrán que analizar caso por caso" ya que en los municipios "hay mucho que decidir".

"ayudará a desbloquear iniciativas en los ayuntamientos"

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, detalló, en la presentación de la normativa, que "ayudará a desbloquear muchas iniciativas de los ayuntamientos". Además, incidió en que la norma no ha sido elaborada para aprobar una urbanización en concreto, sino para que cada municipio "haga lo que crea dentro de los márgenes legales".

El decreto, que deroga los primeros ocho artículos de la Ley 4/2008, establece que sólo puede ser suelo urbanizable si se encuentra transformado por la urbanización e incluye servicios básicos.

Además, regula la posibilidad de clasificar como urbanos asentamientos en el medio rural existentes a la entrada en vigor del decreto cuyas características no permitan exigir todos los servicios urbanístico básicos. De esta forma, será potestad de los ayuntamientos ordenar estos espacios urbanizados y prever su consolidación.

También regula el concepto de suelo urbanizable, así como las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, adaptando la regulación autonómica a la estatal.

"barra libre de crecimiento territorial"

El diputado del PSIB Jaume Carbonero indicó el mismo viernes que el decreto supondrá "una barra libre de crecimiento territorial", ya que exonera a los municipios de adaptar su plan municipal a las normas de rango superior y, por tanto, permite a los ayuntamientos "hacer lo que quieran".

Carbonero señaló que con su aprobación queda "sin proteger el patrimonio en los municipios que no estén ya protegidos". Además destacó que la voluntad "clara" del "decretazo" es "desregular" y "eliminar trabas y reglas" para que la "iniciativa privada" y "los intereses particulares tiren hacia adelante".

"el decreto es un escándalo" por su parte, el PSM-IV-Entesa calificó de "escándalo" la normativa porque "dar el visto bueno a urbanizaciones ilegales o permitir otras nuevas es un auténtico disparate".

Según el diputado de la formación, Antoni Alorda, este decreto ley dejaría las puertas abiertas a "la construcción de urbanizaciones como la de Cala Blanca en Andratx". Así, recalcó que que el PP "se manifestó en contra de esta actuación hace varios años, lo que demostraría la falta de rigor y palabra del grupo conservador".

El grupo señaló que este "decretazo" deja de lado la opinión de los ayuntamientos, de los consells, de la sociedad civil y de la ciudadanía. Además, supondrá un "gasto extra" para los "maltrechos presupuestos municipales" de los diferentes ayuntamientos.

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