SIEP pide cambios en la reforma laboral para evitar que algunos empresarios manejen a los trabajadores como "mercancía"

El sindicato independiente SIEP expresa su rechazo a la reforma laboral e insta al Gobierno a realizar las modificaciones oportunas en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley al objeto de "no permitir en ningún caso" que sirva para que algunos empresarios "manejen a los trabajadores como mercancía", bajo el pretexto de flexibilidad del mercado, incluida la propia Administración.

SIEP, que ostenta la mayoría sindical en la Administración General del Gobierno de Cantabria, critica que la reforma laboral se haya impuesto unilateralmente, "pasando por encima de la necesaria negociación colectiva".

Los delegados de Siep "comprenden" que algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno "pueden ser necesarias en momentos de gran parón laboral", pero subrayan que "no pueden ser permanentes", ya que suponen "la pérdida de unos derechos laborales que ha costado muchos años conseguir". La organización sindical afirma en este sentido que "los empresarios van a poder manejar a las plantillas en todo momento".

En lo referente al sector público, SIEP advierte que el Real Decreto Ley abre la posibilidad de despido por causas económicas al personal laboral y temporal de las Administraciones públicas, y a la externalización de servicios. Un ejemplo de ello son los Servicios Públicos de Empleo, que perderán funciones en favor de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs).

El sindicato critica el conjunto de medidas ya que supone la "pérdida de toda una serie de derechos que los trabajadores han adquirido para mejora de sus condiciones de trabajo tras largos años de luchas y negociaciones" y que, fundamentalmente, tiene como consecuencia la "pérdida de seguridad en el trabajo, al propiciar un despido más barato y ceder a la empresas el control de las relaciones laborales y de las condiciones laborales".

Desde el sindicato manifiestan una "profunda preocupación" porque algunos empresarios lleguen a utilizar de forma extrema lo contemplado en el Real Decreto, "dando lugar a abusos y llevando la aplicación de todos los preceptos hasta sus últimas consecuencias en detrimento del trabajador, y teniendo como único criterio a seguir las cuentas de la empresa".

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