El Gobierno de La Rioja ha aprobado el decreto promovido por la Consejería de Salud y Servicios Sociales que permitirá regular por primera vez la situación de las personas mayores en riesgo de exclusión social y el acceso que éstas tendrán a la atención residencial del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, según ha informado esta mañana el consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto.

Acompañado por el portavoz del Ejecutivo riojano, Emilio del Río, el consejero de Servicios Sociales ha indicado que el objetivo de la norma es proporcionar a este colectivo de personas mayores que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social cobertura social sin perjuicio de las prestaciones sociales que desde Servicios Sociales se puedan articular. Son personas mayores de 60 años que sin ser valoradas como dependientes se encuentran en situaciones que dificultan su integración social porque sufren aislamiento, conflicto familiar, pobreza, enfermedad, etcétera.

Con la entrada en vigor del nuevo decreto, Servicios Sociales "se compromete a dar a este colectivo una atención integral destinada a prevenir las situaciones de dependencia, promover la integración de la persona mayor en el entorno social y, si se acredita la situación de riesgo, ofrecer el servicio de atención residencial", ha resaltado Nieto.

En este sentido, cabe destacar que el decreto incorpora por primera vez la aplicación acreditada de una escala de valoración social que medirá si en cada caso concurren las circunstancias que acreditan una situación de riesgo o de exclusión: malos tratos, abuso económico, negligencia, abandono o vulneración de derechos. También mide la adecuación de la vivienda, la situación económica y la atención sociosanitaria. Incluye la 'escala de Zarit', que no se centra en el beneficiario sino en su cuidador, valorando en cada caso la sobrecarga que éste pueda sufrir.

Los posibles usuarios deberán someterse a la valoración de dependencia y no alcanzar en ella un grado II o grado III. Según establece el decreto, serán ellos quienes afronten por principio el coste de la plaza pública, aunque también establece diferentes supuestos en función de su capacidad económica.

En la actualidad, la Residencia de Personas Mayores de Lardero dispone de 200 plazas para los posibles usuarios que encajen en los supuestos marcados por la nueva norma.