Hace poco más de un año entró en vigor la Ley Antitabaco que prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados sin excepción y en algunos espacios al aire libre, como las inmediaciones de hospitales y parques infantiles. En total, trece meses y medio en los que los españoles han visto como el humo del tabaco dejaba de campar a sus anchas en bares, restaurantes y discotecas.

Pero ¿realmente el humo ha desaparecido de estos espacios? Según las autonomías, que son las encargadas de hacer cumplir la normativa, la población ha asumido con normalidad los cambios salvo en casos aislados. Por contra, las principales asociaciones antitabaco revelan una realidad bien distinta. Explican que, como ocurrió con la ley anterior, el cumplimiento de la legislación es diferente en cada región, pero que por lo general no se está cumpliendo en ninguna. "El problema es que casi no hay mecanismos de control", argumentó a 20 minutos la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández.

Con los datos en la mano, la realidad es que desde que entró en vigor la norma las comunidades han recibido 3.176 denuncias por incumplir la normativa, que supusieron la apertura de 1.852 expedientes y la multa a 1.421 infractores. Dos comunidades, Castilla-La Mancha y Murcia, no han ofrecido el dato de las multas impuestas, por lo que esta cifra podría ser aún mayor. Asturias no facilitó ningún tipo de dato.

Andalucía fue la región que más sanciones interpuso por infringir la Ley Antitabaco. Acumula 374 multas, la mayoría por infracciones de carácter leve. Pocas si se tiene en cuenta que llegó a abrir casi 750 expedientes sancionadores. Castilla y León ocuparía el segundo lugar con 172 sanciones de los 344 expedientes abiertos por sus inspectores.

En el lado opuesto, el País Vasco. Ha recibido 250 denuncias y no ha puesto ni una sola multa. Se limita a enviar una carta informativa al infractor. En Madrid solo se han puesto 155 multas. Eso sí, la comunidad que preside Esperanza Aguirre no reveló el número de denuncias que había recibido. Un dato importantísimo para saber el grado de cumplimiento de la ley. Tampoco lo hicieron Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Aragón.

Los inspectores visitan los bares, restaurantes, empresas y centros públicos y vigilan que se cumplan una serie de requisitos técnicos: cartelería, situación de la máquina de tabaco... Si alguno de estos aspectos no es correcto abren un expediente y si en un plazo determinado el empresario no hace los cambios pertinentes se le impone una sanción. "La multa es ineludible si pillan in fraganti a un fumador", explicaron fuentes del sector. La ley estipula una multa de hasta 30 euros para el fumador que se salte la norma y leve (600 a), grave (10.00) o muy grave (600.000) para las empresas que la incumplan.

Por su parte, Policía y Guardia Civil se quejan de la burocracia que existe cuando ellos denuncian las infracciones. Aseguran que solo son efectivas cuando ellos son testigos directos de la infracción, ya que cuando dan parte de algún aspecto técnico el caso pasa a manos de los inspectores y, por ende, de las comunidades, con la consecuente demora según lo permisiva o no que sea la región.

Toda esta problemática hace que en muchas ocasiones los policías prefieran hacer la vista gorda, explicaron a este diario varios agentes. "Muchas veces también nos encontramos con la puerta del bar cerrada. Cuando llamamos piden a la gente que tire el cigarro y luego nos dejan pasar", cuentan indignados.

Y lo cierto es que, según la directora de Nofumadores.org, esta realidad se está extendiendo. "Desde que Rajoy insinuó que podría modificar la ley se ha vuelto a fumar en los bares de los pueblos y en los pub de algunos barrios de las ciudades. O se da una orden directa a la Policía para que sancionen o pronto el humo volverá a campar a sus anchas como en el pasado", aseguró.