Ibáñez muestra "plena confianza" en la Justicia ante la denunciainterpuesta contra él por el caso 'Espolón'

El vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez, ha mostrado este jueves "plena confianza" en la Justicia ante la denuncia que un grupo de ciudadanos ha presentado en los Juzgados burgaleses contra él y el ex alcalde, Juan Carlos Aparicio, por su presunta responsabilidad en el caso 'Espolón'.

El vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez, ha mostrado este jueves "plena confianza" en la Justicia ante la denuncia que un grupo de ciudadanos ha presentado en los Juzgados burgaleses contra él y el ex alcalde, Juan Carlos Aparicio, por su presunta responsabilidad en el caso 'Espolón'.

"Tengo la conciencia muy tranquila"; ha aseverado Ibáñez en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que tiene "plena confianza en la justicia de este país".

De este modo, se une a la postura mostrada por Aparicio, quien ha evitado hacer comentarios al respecto, mostrando también "confianza" en el sistema judicial.

Con esta denuncia, se pretende que el Juzgado de Instrucción investigue los hechos relativos al incumplimiento del contrato por parte de la concesionaria de la Cafetería Espolón, así como a la actuación municipal en relación a esta concesión, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de algún tipo de infracción penal.

Cabe recordar que desde que el Ayuntamiento de Burgos otorgase esta concesión a una empresa en 2000, el arrendatario no ha abonado ni una sola de las mensualidades fijadas en el contrato, ni las cuantías correspondientes a los gastos corrientes del establecimiento, situado en los bajos del Teatro Principal.

Durante este tiempo, la concesionaria ha acarreado una deuda con el Ayuntamiento de la capital burgalesa cercana a los 600.000 euros.

En 2011, tras una investigación municipal, se llevó a juicio al arrendatario, sin poder reclamar todas las mensualidades que adeudaba porque parte de ellas ya habían prescrito.

Los juzgados daban entonces la razón al Ayuntamiento de Burgos y se dictaba una sentencia condenatoria a la concesionaria, contra la que cabía recurso, por la que debía abonar algo más de 200.000 euros a las arcas municipales y abandonar el local en enero de 2012, aunque por el momento mantiene su actividad habitual.

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