La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias) ha considerado que la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para la liberalización del comercio de productos agrícolas, entre los que se incluye el tomate, supone un "auténtico batacazo" para el sector tomatero de las islas.

Este acuerdo, según Asaga, coloca al sector en una situación de "total indefensión y vulnerabilidad", lo que puede dar lugar a una pérdida mayor de superficie de cultivo, así como de la actividad que genera. "Y es que con el respaldo de la mayoría de votantes del Parlamento Europeo, no se ha contemplado el impacto social, medioambiental y económico que su firma va a producir", advierte la Asociación.

Según Asaga, desde la entrada en vigor en el año 2000 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, este país "se ha saltado los límites de los contingentes establecidos para su fruta, campaña tras campaña, lo que ha provocado una invasión del tomate marroquí que entra a los mercados comunitarios a precios más bajos y, como consecuencia, produce un hundimiento del precio de venta del producto local, dando lugar a la reducción de la superficie de cultivo y a la caída de la renta de los agricultores canarios".

La Asociación ha indicado que el principal factor que afecta a la composición de los precios de esta hortaliza es el coste de mano de obra. En Marruecos, los salarios que perciben los trabajadores agrícolas son del orden de unos 200-220 euros al mes con jornadas de ocho horas de lunes a domingo, mientras que en Canarias el sueldo para 40 horas trabajadas se sitúa entre los 700-800 euros netos. Esta acusada diferencia salarial se ve reflejada en los precios finales, por lo que un tomate producido en el archipiélago bajo unas condiciones específicas de insularidad, lejanía y limitación del territorio no puede competir de la misma manera que un tomate marroquí.

La seguridad y calidad alimentaria, añade Asaga, es otro de los aspectos que las producciones de Rabat incumplen con frecuencia ante la falta de legislación en esta materia. "De sobra es conocido que las multinacionales instaladas en este país se saltan el concepto de buenas prácticas agrícolas y emplean productos fitosanitarios que en Europa están prohibidos, con las graves consecuencias que este uso inadecuado puede tener para la salud de los consumidores europeos y el medio ambiente", criticó.

El sector hortofrutícola canario entiende que la concesión de un mayor margen de libertad comercial para Marruecos se traduce en un castigo a las producciones españolas, y en concreto a las del archipiélago, por lo que insta a la Administración a centrar sus esfuerzos para que las autoridades comunitarias establezcan compensaciones económicas que ayuden a paliar dichas pérdidas. Al mismo tiempo, exige que se apliquen las cláusulas del Acuerdo con total rigor para impedir más fraudes e irregularidades en las importaciones, así como nuevos incumplimientos sistemáticos de las condiciones, cantidades, calendarios y precios de entrada de productos importados de este país.

Asaga Canarias entiende que hay que centrar los esfuerzos en elaborar una nueva reglamentación comunitaria para evitar interpretaciones ambiguas que puedan desvirtuar el Acuerdo, además de poner en marcha recursos suficientes para que la Unión Europea cree una verdadera frontera común y determinados puertos europeos dejen de ser un "coladero" para la entrada de estas mercancías.