El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha conocido este jueves el anteproyecto de ley de autoridad del profesorado de la Comunidad a través de la que se reconocerá al colectivo como autoridad pública con el fin de garantizar la convivencia en los centros a pesar de que, como ha destacado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, las agresiones son "poco frecuentes" en la Comunidad.

De Santiago-Juárez ha resaltado que esta normativa era una "prioridad" de legislatura marcada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y ha confiado en poder contar con el consenso necesario tanto del colectivo de educación como de los grupos parlamentarios para poder ser aprobada antes de verano.

De este modo Castilla y León se une a otras regiones como Madrid, La Rioja, Galicia o Valencia en la puesta en marcha de esta norma y se adelantan así al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de regular esta materia en el ámbito nacional.

En concreto, la normativa reconocerá la autoridad del profesorado en el plano jurídico, con lo que se "dignifica" su labor y "mejora" así la convivencia en los centros. Esta Ley adquirirá verdadero sentido cuando, como ocurre en el caso de Castilla y León, se acompañe de actuaciones dirigidas a proporcionar al profesorado "estrategias y recursos que faciliten su tarea, garanticen el respeto de derechos y cumplimiento de deberes, mejoren de la convivencia en los centros e incrementen los niveles de calidad y eficacia de todo el proceso educativo".

Como ha explicado De Santiago-Juárez el reconocimiento del profesorado como autoridad pública tendrá su consecuencia directa en el ámbito penal, ya que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que agravará significativamente las condenas por dichos actos.

Un efecto clave de este reconocimiento es que el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones frente a la de cualquier ciudadano, en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión. Además, los delitos cometidos contra los docentes, una vez reconocida la condición de autoridad pública, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia. En todo caso, el profesor gozará del derecho a la representación y defensa en juicio.

Así, el anteproyecto de Ley de autoridad del profesorado que Castilla y León elaborará se va a caracterizar por su "sencillez", ya que pretende reconocer lo esencial del tema -el profesorado, como figura de autoridad y sus consecuencias- y deja otros aspectos relacionados con derechos y deberes del alumnado, régimen y procedimiento disciplinario u otros del ámbito de la convivencia para posteriores regulaciones normativas.