Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado una declaración institucional a través de la cual piden al Ejecutivo central que "garantice" una asistencia jurídica "de calidad" a Pablo Ibar, el guipuzcoano condenado a muerte en EE.UU. por un triple crimen cometido en 1994.

La declaración aprobada por unanimidad parte del texto presentado por el grupo juntero socialista enmendado por la presidenta del Parlamento guipuzcoano, Lohitzune Txarola, y en el que la Cámara muestra su rechazo a la pena de muerte.

Además, en la declaración aprobada las Juntas se posicionan a favor de la lucha abolicionista y tachan la pena de muerte de "castigo racista y clasista que se impone a los colectivos más desfavorecidos y con menos recursos".

En este sentido, se destaca que en países como EE.UU. la ejecución de una persona es aún "una cuestión de dinero", donde "sólo se tiene la posibilidad de evitarla si se tiene una alta capacidad económica o gran poder social para afrontar los gastos de una adecuada defensa letrada".

Las Juntas indican que tras la denegación de un nuevo juicio a Ibar por parte del Tribunal de Florida, se condena a este guipuzcoano "al menos a dos años más de locura y hacinamiento en el corredor de la muerte" y, además, "tendrá que pagar al menos otros 300.000 euros para su interposición y defensa".

El Parlamento guipuzcoano recuerda que las leyes penales deben servir para reinsertar en la sociedad a quienes cometan delitos y renuevan el llamamiento a la ciudadanía guipuzcoana para que envíen cartas de apoyo a Ibar a la prisión donde se encuentra internado. Por otro lado, instan al Gobierno central a que adopte cuantas medidas políticas, legislativas, económicas y diplomáticas sean necesarias para garantizar una asistencia jurídica "de calidad" a los condenados a muerte, en este caso, a Ibar.

Asimismo, solicitan a la Diputación que consolide la partida presupuestaria existente para financiar actuaciones a favor de la abolición de la pena capital y a atender, en la medida de sus posibilidades, con cargo a la misma las demandas y necesidades que les planteen los organismos o asociaciones que, como la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, tengan por objeto la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

También instan al Gobierno central a que solicite a los diferentes gobiernos, que aplican la pena de muerte, a que con vistas a abolirla establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones.

Las Juntas darán traslado de esta declaración institucional al Ararteko, al defensor del pueblo, a la Embajada de EE.UU. y Japón en España, a la Asociación Pablo Ibar y a este último.