El exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, ha defendido ante el juez la legalidad del convenio de colaboración rubricado en 2008 entre el consorcio público IB-Blau y la asociación Bitácora para fomentar el turismo náutico sostenible, y ha asegurado que "en ningún momento" favoreció a esta entidad con la firma de este documento. "Fui escrupuloso en el cumplimiento de mis obligaciones, y con Bitácora más por los conflictos políticos que existían en la Conselleria de Turismo", ha espetado Bonet.

En su declaración como imputado en el marco de la pieza del caso Ibatur que investiga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de este convenio, el también exsecretario del Ibatur, defendido por el letrado Gaspar Oliver, ha incidido en que, cuando se rubricó la iniciativa, no advirtió ilegalidad alguna sino que para él esta fórmula "era correcta".

El encausado ha recordado que fue el entonces conseller de Turismo Francesc Buils quien le ordenó realizar unos borradores y estudiar de qué forma se podía patrocinar el proyecto presentado por Bitácora, y en este sentido ha justificado que finalmente se materializase a través de un convenio de colaboración y no mediante concurso público puesto que "era la forma habitual con la que se tramitaban los patrocinios en el Ibatur".

Las pesquisas de este fleco se centran en las supuestas irregularidades cometidas en torno al convenio, por el que el consorcio dependiente de la Conselleria se comprometía a abonar cada año 850.000 euros, una actuación que por lo elevado de la cantidad y según los investigadores debería haberse articulado mediante un contrato de servicios, de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El propio Buils, asistido por los letrados Matías Barón y Mateo Sedano, defendió en su día, sin embargo, la figura y la tramitación del convenio como forma de materializar esta actuación y negó cualquier tipo de irregularidad mientras se le iban exhibiendo las numerosas facturas relacionadas con estos hechos.