El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y la exedil socialista Isabel García Marcos, ambos acusados en el caso 'Malaya', han protagonizado un careo sobre presuntos pagos. El principal procesado ha sostenido lo que ya declaró, que entregó sobres con dinero a los responsables de los grupos políticos que formaron el equipo de Gobierno para evitar el transfuguismo, entre ellas a la exconcejal, quien lo ha negado.

En el transcurso de la declaración de García Marcos que ha comenzado este miércoles, el presidente del Tribunal encargado del juicio del caso 'Malaya', José Godino, ha pedido un careo entre ambos acusados sobre si se entregaron o no a la exsocialista las cantidades que aparecen anotadas con iniciales en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca, y en qué concepto se habrían entregado en su caso.

La Fiscalía Anticorrupción señala que ésta habría recibido 312.000 euros y le acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y alteración del precio en concursos y subastas, solicitando 12 años de prisión y 23 años de inhabilitación.

En el careo, Roca ha contestado que se ratifica en lo ya manifestado en el juicio y ha reiterado que dio "cantidades con objeto de mantener unido el equipo de gobierno —que surgió tras la moción de censura de 2003, formado por ediles del GIL, del PSOE y por el PA— y que no hubiera fisuras ni transfuguismo", apuntando que las "entregué a las personas que manifesté, Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández", responsables de dichas formaciones.

"No es verdad, al menos en lo que a mi se refiere, lo demás, lo ignoro por completo", ha respondido la exedil, quien ha dicho no saber por qué Roca sostiene eso. Ante la pregunta del presidente del Tribunal a Roca sobre si estaba seguro de que entregó las cantidades, éste ha respondido que "totalmente" y ha apuntado, además, "que no tiene sentido que yo anotara algo con unas iniciales y realmente no lo hiciera".

García Marcos ha insistido en que el principal acusado "nunca" le dio dinero en ningún concepto y no ha respondido a las preguntas que le iba a hacer el fiscal sobre las escuchas telefónicas y el registro en su vivienda, en el que se hallaron 376.000 euros en 11 sobres, al alegar que son pruebas que su defensa ha impugnado, solicitando su nulidad.

Moción de censura

El ministerio público le ha preguntado también por la moción de censura contra Julián Muñoz y ha negado que recibiera dinero por apoyarla. "Es una forma absolutamente legítima para llegar a tener una responsabilidad de gobierno, se ha hecho en multitud de ayuntamientos y no sé por qué se pone en duda la de Marbella y no del resto de organismos públicos donde se ha planteado".

Ha explicado cómo el grupo municipal socialista "respaldados por el PSOE, en concreto por el secretario de Política Municipal provincial, Salvador Pendón, y por la secretaria de Política Municipal, doña Mar Moreno, fuimos apoyados en una iniciativa que se planteó y fue sorpresiva para todos, como fue sorpresiva una derrota de los partidos políticos tradicionales, ganando una vez más por mayoría absoluta el partido GIL".

La ex primera teniente de alcalde ha indicado que el entonces portavoz del PA en Marbella, Carlos Fernández —que está fugado—, fue el que le dijo tras las elecciones que el grupo GIL se escindía y que "él pensaba que era posible plantear una moción de censura contra el alcalde".

"Inmediatamente se lo comuniqué a las personas del partido que antes le he dicho, que es a quien correspondía comunicárselo, que es el secretario provincial de Política Municipal, y él, según contaba, se lo comunicaba a la secretaria de Política Municipal a nivel andaluz, doña Mar Moreno". "Que fuera verdad o no, no lo sé", ha apostillado, señalando que le pareció "normal que el PSOE quisiera apoyar esa moción de censura".

Ha relatado que un día antes de que se presentara la moción, se puso en contacto con Pendón y le dijo que debería desplazarse a Marbella, que era un acto "de mucha importancia" y que "todos los dirigentes del PA están allí", por lo que "sería muy interesante que él o Mar Moreno se presentaran". "Él me dijo, y son testigos las personas que formaban el grupo municipal, que siguiera adelante, que no se podía desplazar porque tenía un alto cargo en la Diputación y que doña Mar Moreno ese día se iba de vacaciones, porque era el 1 de agosto, y que no podía desplazarse tampoco", ha dicho.

"No se puede entender como hasta el 1 de agosto estaban de acuerdo con la moción de censura y a partir del 1 de agosto, una vez presentada, ya no estaban de acuerdo", ha señalado y ha apuntado que "sorprendentemente" fue expulsada de la formación socialista. Al respecto, Moreno ha dicho: "me imagino que desde el PSOE estaríamos al tanto de todas las mociones que se fueran a poner en Andalucía pero no recuerdo ni conozco las declaraciones" de García Marcos.

Asimismo, ha indicado que el PP "también formó parte de las negociaciones" de la moción de censura y ha precisado que el que era presidente provincial, Joaquín Ramírez, "tuvo conocimiento en todo momento y en todo momento manifestó el apoyo del PP". "Lo que ocurrió es que se encontraba en Suecia la que hoy es la alcaldesa de Marbella, sino, seguramente, hubiera formado parte también de ese gobierno", ha apuntado.

Ha explicado que para los firmantes del acuerdo se entendía "como un gobierno de transición tratando de empezar a normalizar la forma de hacer política de Marbella" y ha señalado que "uno de los principios que rigió la moción fue el intento de recuperar la legalidad en todos los aspectos y en toda la tramitación de todo en el Ayuntamiento de Marbella, no sólo en materia urbanística".

Sobre los integrantes del GIL que participaron en la moción, ha dicho que la motivación que le trasladaron fue que "estaban absolutamente aterrorizado por su presencia en los juzgados" y ha incidido en que el fin del grupo socialista era "los deseos de cambiar el curso de los acontecimientos de los últimos años en marbella y la vocación que se tiene de gobierno".

Respecto a si el exalcalde Jesús Gil estaba detrás de la moción, ha asegurado que "si lo hubiera promovido, no lo hubiera promovido conmigo, eso lo sabe España entera". Sobre Roca, ha señalado que en las negociaciones "representaba los intereses en ese momento de la moción de censura por un grupo determinado del GIL" y ha apuntado que "nunca" llegó a ver su supuesto cese por parte de Muñoz, desvinculando la moción de este hecho.

Sobre el urbanismo, ha aseverado que se dieron "multitud" de sentencias contradictorias y que había una situación de "conflictividad y poca claridad", con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el del 86, "que no estaba publicado" y "aunque yo mantuviera que ese era el vigente, los tribunales, a mi, me han quitado la razón casi siempre". Ha relatado de forma vehemente las conversaciones que se mantuvieron con la Junta sobre la situación del planeamiento.

Ha mantenido que desde que se formó el tripartito "nunca" se dio una licencia al proyecto básico que no se ajustara "rigurosamente" al plan del 86 y ha manifestado que "jamás" ha hecho nada contrario a la legalidad ni en general ni tampoco en cuanto al servicio de grúas, que se iba a adjudicar al empresario Ismael Pérez. Se han reproducido escuchas entre ésta y el empresario, en las que parecen redactar el pliego, tras lo que García Marcos ha apuntado: "yo no escribo al dictado de nadie".