El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha tramitado 2.142 quejas ciudadanas durante 2011, de las que más de 400 versan sobre materias sanitarias, educativas y de función pública. Concretamente, 171 correspondieron a Educación, 159 a Función Pública y 141 a Sanidad. Además, el Justicia ha constatado el incremento de reclamaciones vinculadas a la crisis económica y social.

García Vicente ha comparecido en el Pleno de las Cortes de Aragón, que se ha celebrado de manera extraordinaria en Alcañiz (Teruel) para conmemorar la Concordia de 1412. En materia sanitaria, se han registrado 17 quejas por las listas de espera sanitaria frente a 34 del año anterior. Las más frecuentes son las relativas a las especialidades de oftalmología, traumatología y cardiología. También hay quejas por el consumo de medicamentos genéricos.

El Justicia se ha referido, asimismo, al próximo cambio de los criterios para asignar centro educativo a los escolares y ha pronosticado que "va a haber más empates", además de recomendar al Gobierno de Aragón que evite el "fraude".

"Lo que más preocupa de la enseñanza es la calidad", ha continuado García Vicente, para remitirse al informe especial que elaboró la Institución según el cual la mitad de los alumnos de Educación Primaria y Secundaria repiten curso y en la Universidad de Zaragoza hay carreras en las que "nadie" termina en el plazo previsto. También faltan plazas de inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

El Justicia también ha informado de que ha disminuido el número de asuntos relacionados con la función pública, si bien el acceso al empleo público en sanidad, educación y las empresas públicas es "problemático", a lo que ha añadido que "no puede uno haberse sacado una plaza y que le digan que tiene que ir al último sitio". Por eso, ha recomendado que se actualicen los méritos mediante los que se selecciona a los empleados públicos.

Además, el Justicia ha alertado del retraso del pago de las ayudas a personas dependientes, cuando "hay personas a las que no se les puede dejar sin nada", ha dicho, para lamentar la reducción de otras ayudas sociales. VIVIENDA

El Justicia de Aragón ha indicado que se ha doblado el número de quejas en materia de vivienda, muchas de ellas están vinculadas a los desahucios y la falta de ayudas públicas para el alquiler. Al respecto, ha propuesto fomentar los arrendamientos con opción a compra y destinar parte de la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales a fomentar el alquiler.

En el capítulo de Interior, se ha duplicado el número de quejas por multas y por el nuevo procedimiento sancionador. El Justicia ha dicho que el Registro Civil está colapsado. Asimismo, hay más quejas por falta de seguridad en algunos barrios de Zaragoza. García Vicente ha reclamado, por otra parte, el desdoblamiento de las carreteras N-232 y N-II.

Por otra parte, el Justicia ha considerado que el trasvase del Ebro es "inviable" por su elevado coste y porque de cada diez años solo funcionaría a pleno rendimiento cuatro.

Por materias, además de las 171 quejas correspondientes a Educación, las 159 a Función Pública y las 141 a Sanidad, el Justicia tramitó 172 expedientes en materia de Interior y 158 sobre Asistencia Social.

También ha tramitado expedientes relativos a Medio Ambiente (146), Hacienda (132), Vivienda (116), Servicios Públicos (104), Derechos (89), Menores (72), Trabajo (63), Industria (52), Cultura y Patrimonio (44), Agricultura (43), Obras Públicas (43), Comercio (31), Economía (27) y Contratación Pública (17).

La forma preferida por los ciudadanos para dirigirse al Justicia de Aragón fue la visita personal, un año más, si bien en 2011 se ha notado un repunte de las quejas recibidas por correo electrónico.

Como en 2010, han aumentado las reclamaciones y consultas sobre cuestiones de hondo calado que afectan directamente al bienestar de las personas por encima de otras quejas de menor profundidad.

Materias y provincias

Fernando García Vicente ha señalado que en la provincia de Zaragoza se han registrado 1.558 quejas, 238 en la de Huesca y 168 en la de Teruel.

Del total de quejas, 635 corresponden a la Administración local, 713 a la Comunidad autónoma y 112 la Administración del Estado. Por su parte, el Justicia formuló 383 resoluciones dirigidas a la Administración, un 27 por ciento más que en 2010, de las que 364 fueron sugerencias y recomendaciones y 19 recordatorios de deberes legales.

Hasta el momento las Administraciones aragonesas han aceptado el 57 por ciento de las resoluciones, han rechazado el 13 por ciento, se ha archivado el 13 por ciento por falta de respuesta y el 17 por ciento está pendiente de contestación.

El mayor número de sugerencias se realizó en el Área de Urbanismo, con 81, seguida de Educación, Medio Ambiente y Función Pública, en las que se dictaron 32 sugerencias.

Falta de colaboración

La diputada del Partido Popular, Yolanda Vallés, ha señalado que "esta crisis está teniendo importantes consecuencias en la capacidad de atención de las Administraciones hacia los ciudadanos" y ha lamentado la "falta de colaboración" de algunas entidades locales con la institución del Justicia, que ha achacado a la falta de medios.

También ha destacado la "importante labor" de defensa del Estatuto que realiza el Justicia. La diputada del Partido Socialista, María Victoria Broto, ha sacado a colación la ley de atención a la dependencia. De los servicios públicos, ha dicho que son muy valorados por los ciudadanos, en cuyas quejas "lo que dicen es que quieren que se mejore".

Asimismo, ha aludido al nuevo procedimiento de elección de centros educativos y ha considerado que "no podemos anteponer la libertad de elección de centro para no dar solución a las nuevas urbanizaciones donde habitan familias jóvenes, que lo que necesitan es no una zona escolar única, sino que se construyan centros educativos" .

El portavoz del Partido Aragonés, Alfredo Boné, ha defendido la Ley de Custodia compartida, que "supone un avance importante a nivel autonómico y lo supondrá a nivel estatal" y ha aplaudido la defensa que hace el Justicia del Derecho aragonés, que "es algo vivo, algo útil, algo actual", para añadir que "mediante el acuerdo, mediante la voluntad, se consiguen grandes hitos".

Boné ha exigido "que nos devuelvan los bienes artísticos expoliados" y ha reclamado justicia "para estar a salvo de una vez por todas de las amenazas que, de forma cíclica y cansina, vuelven una y otra vez, como el famoso trasvase del Ebro".

El diputado de Chunta Aragonesista y presidente de este partido, José Luis Soro, ha defendido la dación en pago y la bonificación de la cuota del impuesto de transmisiones en la compra de una vivienda. Asimismo, ha criticado la hipotética privatización de los hospitales de nueva construcción.

Soro ha mostrado su apoyo a la escuela pública y ha criticado las "políticas liberales, insolidarias e injustas", caracterizadas por la "contracción del gasto" y "arrinconamiento de lo público", que arrojan un resultado de "auténtico déficit democrático". Además "se está desguazando el Estado del Bienestar", ha aseverado. Asimismo, ha vaticinado que "volveremos a tener que salir los aragoneses a la calle para luchar contra la sinrazón del trasvase".

El portavoz de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha afirmado que debido a la crisis los asuntos que ha tratado el Justicia tienen que ver con los servicios públicos y ha remarcado la necesidad de "resolver" el "drama que suponen los desahucios", que en Aragón son siete diarios.

Barrena ha opinado que "hace falta una nueva reforma financiera" para que el Gobierno asuma "ese pago de ese recibo" para que la familia afectada por un desahucio mantenga la vivienda y después pueda devolver el dinero.