La Eurocámara da luz verde a la norma que permitirá a España introducir el contrato lácteo obligatorio

El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la norma con la que se pretende reforzar el peso de los productores de leche y asegurar precios más justos para el sector, y que permitirá a España introducir su modelo de contrato lácteo obligatorio. Su entrada en vigor está prevista para el segundo semestre de 2012, con el objetivo de ayudar a los ganaderos en la liberalización del sector a partir de 2015, cuando desaparezca el sistema de cuotas.
Vacas, Ganado
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EUROPA PRESS
Vacas, Ganado

El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la norma con la que se pretende reforzar el peso de los productores de leche y asegurar precios más justos para el sector, y que permitirá a España introducir su modelo de contrato lácteo obligatorio. Su entrada en vigor está prevista para el segundo semestre de 2012, con el objetivo de ayudar a los ganaderos en la liberalización del sector a partir de 2015, cuando desaparezca el sistema de cuotas.

Los productores españoles pueden desde hace tres años recurrir a un contrato de tipo voluntario, pero el Gobierno necesitaba la norma europea para hacerlo obligatorio.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, explicó el martes ante los eurodiputados en Estrasburgo (Francia) las virtudes de las reglas acordadas y afirmó que "da los medios al sector para superar la crisis".

Por su parte, el ponente del informe europarlamentaria que respalda la norma, el conservador británico James Nicholso, dijo que es permite un "paquete de medidas flexibles" que "no va a servir por sí solo para solucionar todos los problemas del sector, pero sí para reforzar el poder de productores y ganaderos".

Contratos lácteos obligatorios

La nueva norma establece que los Estados miembros que así lo deseen podrán introducir los contratos lácteos obligatorios que fije un marco claro para la relación contractual, que debe ser de al menos seis meses e incluir condiciones como la duración del contrato y el precio del producto. Otra opción es que el primer comprador presente una oferta por escrito al ganadero.

En cualquier caso, la regla comunitaria deja claro que "sólo será obligatorio si el ganadero acepta las condiciones" del mismo, con el objetivo de dejar la última palabra al productor lácteo. Con esta salvaguarda se ha querido superar las reservas de algunos países por los problemas que podría plantear en relaciones contractuales transfronterizas, según han explicado fuentes europeas.

También se regula la formación de organizaciones de productores para permitir que se asocien y puedan negociar conjuntamente con la industria. El modelo español plantea que puedan unirse en la negociación hasta sumar 200.000 toneladas, pero necesita el texto europeo para que no plantee problemas de competencia.

Los detalles de la norma fueron acordados a nivel político el pasado diciembre entre la Eurocámara, Bruselas y los Estados miembros tras cerca de un año de negociaciones por problemas con aspectos como la fecha de entrada en vigor de la regulación y la situación de las denominaciones de origen.

Varios países, entre ellos España y Francia, pidieron que se garantizara que las denominaciones de origen tuvieran asegurado el suministro de leche cruda, algo que han conseguido en el caso de los quesos y bajo "condiciones muy estrictas".

Seis meses de plazo

En cuanto a la entrada en vigor de la nueva regulación, finalmente se ha impuesto el plazo de seis meses que defendieron países como España y Francia, frente al deseo de otras delegaciones, entre ellas Reino Unido, de retrasar su aplicación un año. Además, cuestiones concretas como las reglas de las OP tendrán una aplicación "inmediata".

Aún es necesario que el Consejo ratifique formalmente el pacto en los próximos meses y que sea publicado por el Diario Oficial de la UE. A partir de ahí habrá un periodo de seis meses para su aplicación en los Estados miembros, por lo que el proceso se alargará hasta al menos el verano/otoño de 2012, según cálculos de fuentes europeas.

Además, el Ejecutivo comunitario tendrá que presentar dos informes, uno en julio de 2014 y otro a finales de 2018, sobre la situación del sector, con especial atención al modo en que las zonas menos favorecidas se benefician de los cambios introducidos.

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