El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha exigido este miércoles la retirada del nuevo Tratado Agrícola de la Unión Europea (UE) con Marruecos "en los términos en los que se ha redactado", así como su revisión para atender los intereses de los productores de las islas.

Según afirma en el último post de su blog [paulinorivero.com], si la retirada del acuerdo no fuera posible, "a pesar de la posición en contra de Canarias y de la mayoría de los eurodiputados españoles", instará a la modificación del reglamento regulador de precios de entrada y la articulación de medidas compensatorias que garanticen la supervivencia de esta actividad y de todos los trabajadores que de ella dependen.

De esta manera, dijo que la Unión Europea debe defender a sus regiones más alejadas y frágiles. "La UE debe proteger sus sectores productivos. Europa debe comprometerse con el tomate. España debe multiplicar sus esfuerzos en la defensa de nuestros intereses", comentó.

"Si nadie lo remedia —aseguró—, el Parlamento Europeo dará luz verde mañana al nuevo Tratado Agrícola con Marruecos, un acuerdo que agrava aún más la posición de nuestro sector hortofrutícola, con especial incidencia en la situación del tomate".

Rivero apuntó que Marruecos verá incrementadas sus exportaciones a la UE en 65.000 toneladas anuales, pasando de las 220.000 actuales a nada menos que 285.000, mientras que las exportaciones de tomate canarias a Europa han caído de las 300.000 toneladas de la década de los noventa a las 100.000 del pasado año. "Un desequilibrio difícil de defender y claramente perjudicial para el archipiélago", matizó.

"competencia desleal"

Para el presidente canario, esto, unido a los bajos precios de los productos marroquíes derivados del bajo coste de su mano de obra y reducidos costes sociales (la hora de trabajo en Marruecos está a 0,60 céntimos), suponen una "competencia desleal", que se transforma en agravio desde el momento en que el acuerdo ni siquiera garantiza el control de los contingentes y de los precios.

"La posición del Gobierno de Canarias es clara: nuestra absoluta oposición a un acuerdo de estas características, que atenta contra la pervivencia de un importante sector productivo de una región ultraperiférica de la UE para favorecer a países terceros. Un sector del que en Canarias, una comunidad especialmente castigada por la crisis global y el desempleo, dependen más de 20.000 personas", concluyó.