Los grandes y medianos ayuntamientos, con poblaciones superiores a los 20.000 habitantes, gastaron en 2009 de media un 0,17 por ciento de su gasto total a las actividades de defensa de los derechos de los consumidores, mientras que los ayuntamientos de menor tamaño gastaron un 0,21 por ciento del gasto total, según un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En el informe 'Análisis de la competencia municipal sobre la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en determinados ayuntamientos', correspondiente al ejercicio 2009, la Cámara de Cuentas analiza la actividad desarrollada en el ejercicio 2009 en relación con esta competencia municipal sobre consumo en 36 ayuntamientos de los 229 que disponían de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Los municipios analizados han sido divididos en dos grupos, uno con 20 ayuntamientos que tienen una población superior a 20.000 habitantes, esto es, Sevilla, Córdoba, Granada, Almería, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Mijas, Alcalá de Guadaíra, Torremolinos, Motril, Antequera, Lucena, Puerto Real, Los Palacios y Villafranca, Úbeda, Rota, Lepe, Adra, Baza y Ayamonte; y otro grupo integrado por 16 que poseen una población inferior, y que son Marchena, Moguer, Bailén, Albolote, Ubrique, Berja, Aguilar de la Frontera, Álora, Tocina, Villanueva del Arzobispo, Garrucha, Vegas del Genil, El Cuervo de Sevilla, La Mojonera, Aracena y Benalup-Casas Viejas.

Entre las conclusiones del informe, consultado por Europa Press, se apunta que "en todos los ayuntamientos excepto en Adra, Alcalá de Guadaíra, Ayamonte, Baza, Chiclana de la Frontera, Lucena, Motril, El Puerto de Santa María, Rota, Aguilar de la Frontera, El Cuervo de Sevilla, Marchena, La Mojonera y Tocina, constan los acuerdos en virtud de los cuales se asumen competencias en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios", por lo que se instan a estos ayuntamientos a que "adopten los acuerdos de asunción de competencias en esta materia".

Agrega que de todos los ayuntamientos examinados que disponían de los acuerdos relativos a la asunción de competencias en la defensa de los derechos de los consumidores, "sólo Córdoba, Granada, Álora, Aracena y la Mojonera lo habían remitido a la Consejería competente", por lo que se insta al resto de ayuntamientos a que "remitan a la Consejería los acuerdos que recogen las funciones asumidas en esta área de actividad".

Asimismo, tras apuntar que la mayoría de los ayuntamientos prestan el servicio directamente a través de las OMIC, se apunta que en los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Almería, Granada, Puerto Real, Álora, Benalup Casas Viejas, El Cuervo de Sevilla, Marchena, Tocina y Vegas del Genil se presta la totalidad o parte de este servicio a través de asociaciones de consumidores, en virtud de convenios que han suscrito con estos ayuntamientos.

En ese sentido, en el informe se insta a estos ayuntamientos a que "articulen la relación que mantienen con asociaciones de consumidores a través de la contratación administrativa, en vez de utilizar la figura del convenio, ya que se trata de prestar un servicio que es competencia municipal no por medios propios, sino ajenos".

Por otro lado, en cuanto a la dotación de personal, el número de empleados que se dedican a la prestación de este servicio en los ayuntamientos analizados, en el grupo de mayor población, oscila entre los 28 trabajadores de Sevilla y un trabajador en Adra, Alcalá de Guadaíra, Antequera, Baza, Lepe y Úbeda. Respecto a los de menor población, todos disponen de un empleado para esta actividad.

En cuanto al indicador de cobertura, que ofrece información sobre el número de trabajadores adscritos a estos servicios por cada 10.000 habitantes, en los grandes ayuntamientos destacan los de Ayamonte, Motril y Torremolinos, con valores cercanos o iguales a un trabajador por cada 10.000 habitantes, mientras que la menor dotación, con valores inferiores a 0,5 trabajadores por cada 10.000 habitantes, corresponde a los ayuntamientos de Adra, Alcalá de Guadaíra, Antequera, Baza, Córdoba, Lepe, Sevilla y Úbeda.

En los pequeños municipios, de los ayuntamientos que prestan el servicio directamente destacan Aracena, Garrucha y La Mojonera, con valores superiores a un trabajador por cada 10.000 habitantes. GASTO

En cuanto al gasto destinado a las actividades de defensa de los derechos de los consumidores, en los grandes ayuntamientos el valor medio se situó en el 0,17 por ciento de su gasto total, según el informe de la Cámara de Cuentas, que precisa que este porcentaje resulta inferior al obtenido entre los ayuntamientos más pequeños, donde el gasto fue del 0,21 por ciento de media.

Entre los ayuntamientos que reflejan un mayor impulso de la actividad que se analiza, manifestado en un porcentaje de gasto en consumo respecto al gasto total superior o igual a 0,20 por ciento, y en un gasto por habitante superior o igual a dos euros, se encuentran, según el informe, los ayuntamientos de Chiclana de la Frontera, Granada, Rota y Sevilla y, sobre todo, Motril y Torremolinos, mientras que entre los pequeños ayuntamientos se encuentran los de Aguilar de la Frontera, Aracena, Berja, Garrucha, La Mojonera y Ubrique y, sobre todo, Albolote.

Por el contrario, entre los ayuntamientos que destinaron a esta actividad un menor porcentaje de gasto (inferior a 0,10 por ciento y muestran un gasto por habitante inferior a un euro se encuentran los de Alcalá de Guadaíra, Antequera, Puerto Real, Álora, El Cuervo y Marchena.

Número de consultas tramitadas

Asimismo, en cuanto al número de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias tramitadas por empleado de la OMIC, los ayuntamientos de Úbeda (857), Antequera (528), Adra (527), Aguilar de la Frontera (588) y Ubrique (556) son los que reflejan el mayor número de quejas, reclamaciones y denuncias por empleado.

Los ayuntamientos de Torremolinos (54), Baza (67), Tocina (dos), Garrucha (13), Álora (40), La Mojonera (52), Vegas del Genil (60) y El Cuervo de Sevilla (64) reflejan un número de quejas, reclamaciones y denuncias por empleado inferior a 100.

Además, entre los municipios con un gasto por queja, reclamación o denuncia inferior a 100 euros se encuentran, entre los ayuntamientos que prestan el servicio directamente, Adra, Antequera, Lucena y Úbeda, Aguilar de la Frontera, Bailén y Ubrique. Esta circunstancia se explica porque "son ayuntamientos que muestran un elevado volumen de quejas tramitadas en relación con el gasto efectuado".

Entre los ayuntamientos que prestan el servicio de OMIC indirectamente, destacan Alcalá de Guadaíra, Almería, Puerto Real, Benalup-Casas Viejas, El Cuervo de Sevilla, Marchena y Villanueva del Arzobispo, debido al menor gasto que representan los convenios o contratos en relación con el volumen de quejas tramitadas.

Asimismo, hay 16 ayuntamientos que reflejan un gasto por queja, que oscila entre los 100 y 300 euros. Los valores más elevados de este indicador, superior a 300 euros, corresponden a Baza, Torremolinos, Albolote, Garrucha y La Mojonera, debido al escaso número de quejas y reclamaciones tramitadas en relación con el gasto reflejado en 2009. Precisa que en el caso de Garrucha los datos están referidos a la mitad del ejercicio.

Por último, en los ayuntamientos de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, que gestionan la Junta Arbitral de Consumo, el número de solicitudes de arbitraje recibidas por empleado es mayor en Almería y Sevilla, con 183 y 169, respectivamente, lo que supone un gasto medio de tramitación de 287 euros y 326 euros. Por el contrario, en los ayuntamientos de Córdoba y Granada se recibieron 83 y 67 solicitudes de arbitraje por empleado, respectivamente, lo que supone un gasto medio de tramitación de 692,7 y 694,3 euros, respectivamente.