La jueza instructora del caso Peaje, Ana San José, ha acordado una fianza de responsabilidad civil de 180.000 euros contra el excelador de las obras de la carretera Palma-Manacor, Gabriel Mestre, a pesar de que tan sólo ocho días antes la Audiencia Provincial de Palma se había pronunciado respecto a la indefensión en la que se hallan los imputados de la causa al no contar con las declaraciones, en formato papel, practicadas en el marco de este procedimiento de presunta corrupción.

"Lejos de intentar corregir esta injusticia, se da un paso más allá en la conculcación de las garantías constitucionales" con la imposición de la fianza, asevera ante esta situación la defensa de Mestre, ejercida por el abogado Josep de Luis, en el recurso de reforma que ha presentado contra el auto que decretaba la caución, y en el que considera que "lo correcto" habría sido suspender la tramitación de la causa hasta que los letrados tuviesen en su poder las declaraciones ya transcritas.

Al hilo de lo anterior, el letrado del excelador abunda en la "indefensión" y en la "vulneración de derechos fundamentales" que afectan a Mestre por el hecho de que tenga que defenderse sin tan siquiera disponer de copia de su propia declaración judicial así como tampoco de otras once comparecencias y de una ratificación pericial, tal y como lamenta en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, el abogado apunta a la "incongruencia" que supone fijar la fianza en 180.000 euros sin que la magistrada especifique en su auto de qué forma ha estimado las responsabilidades civiles del encausado, cuando además "la única cifra sobre la que se pueden establecer probabilidades" son los 223.544 euros que arrojó un perito en el marco de esta causa al valorar el coste que habrían supuesto unos trabajos similares a los presuntamente efectuados por Mestre en su vivienda con fondos destinados a las obras de la carretera.

Datos a los que alude De Luis "en base a los recuerdos que tenemos de cómo fue la declaración del perito" puesto que "debemos insistir en que no disponemos aún" de su transcripción para poder combatir los cálculos. El abogado asevera que el hecho de que el propio perito admitiese que no había valorado las obras realizadas en casa de Mestre sino que lo que valoró fue el coste que unos trabajos similares habrían representado invalida, junto a otras circunstancias, su valoración pericial.

Finalmente, el letrado lamenta en su recurso que se haya establecido "una especie de dogma de fe" en el hecho de que la UTE encargada de las obras de la antigua C-715 dispusiera para ello de fondos públicos, al defender que no hay "un sólo indicio" en la causa que lleve a pensar que "ni un sólo euros del Consell de Mallorca haya acabado en manos de la UTE".

Y es que, si bien la causa investiga un presunto desfase de 23 millones de euros durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, para la cual el Consell de Mallorca contrató los servicios de la UTE Desdoblamiento C-715, algunos de los imputados niegan que este sobrecoste repercutiese en las arcas del Institución insular al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta mercantil subcontrató las obras a la UTE.

Cabe recordar que el pasado 23 de enero la Audiencia Provincial dio la razón a la Fiscalía y a las defensas del caso Peaje, que solicitaban que las declaraciones de imputados y testigos fuesen transcritas en soporte papel en lugar de estar recogidas en soporte audiovisual. Sin embargo, fue el día 31 cuando la instructora del caso Peaje acordó la fianza civil para Mestre sin que hasta ese momento las defensas dispusieran aún de las transcripciones.