Toda la operación de GFB estuvo "viciada" en origen por el sobreprecio de 12 millones de euros en el coste de la maquinaria, y que arroja "indicios claros" de fraude, pues bajo él podía encontrarse un intento del socio privado de lograr una revalorización de sus activos a través de esas plusvalías "ficticias".

Así lo entiende Miguel Cabetas, consejero delegado del Grupo Sodercan, sociedad pública del Gobierno de Cantabria, que canalizó la inversión pública junto a Euroamérica, perteneciente al grupo costarricense Pujol Martí, para montar la fábrica de fibroyeso de GFB en Marina de Cudeyo.

La planta no llegó a funcionar nunca, sus trabajadores sufrieron varios EREs sin haber llegado a empezar a trabajar y se sometió a un concurso de acreedores que ha desembocado en el inicio de su liquidación, todo tras una inversión pública estimada en torno a los 60 millones de euros, mientras que Euroamérica invirtió del orden de 20 millones, según se ha confirmado en esta sesión.

Una "auténtica pena para Cantabria", un "desastre", como lo ha descrito Cabetas, nombrado consejero delegado de Sodercan al llegar al PP al Gobierno, que ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación creada en el Parlamento para investigar la operación de GFB.

Para Cabetas, el problema de la maquinaria, que tardó "varios meses" en llegar a conocer en toda su dimensión, perjudicó a todo el desarrollo del proceso, pues llegó a exceder los recursos de los que disponía la sociedad pública.

Las explicaciones del máximo responsable de Sodercan han sido criticadas por el diputado socialista Juan Guimerans, quien ha apuntado que muchas de sus afirmaciones, "sazonados de juicios de valor" para "servir de percha" a las tesis del PP pese a su perfil técnico, "rozan lo delictivo" y eso, le ha advertido, tiene "consecuencias".

Consecuencias que el PSOE detallará más adelante, en una valoración pública de las comparecencias, ha avanzado Guimerans, mientras que la diputada del PP María Antonia Cortabitarte ha insistido en que las actuaciones en GFB han sido "negligentes" y, ha añadido, "irregulares", algo que "se verá algún día".

Plusvalías ficticias

Al llegar a Sodercan, un informe externo alertó a Cabetas de que el sobreprecio de la maquinaria suponía un intento de revalorización de los activos de la empresa que no se ajustaba a las normas.

En concreto, a través de ese sobreprecio, el socio privado pasó de gastar 40 millones de dólares a recibir por ese material 50.

En euros, gasto 32,4 y recibió 44, un sobrecoste de12 millones, con lo que en realidad obtuvo unas "plusvalías ficticias".

Pero además, cuando intentó reconstruir la "película" de GFB, Cabetas se encontró con un diferencial de precio sobre el terreno de en torno a 15-20 millones de euros con "implicaciones muy importantes en temas fiscales", abonados a través de una subvención.

Todo el proceso estuvo protagonizado por la "mala gestión" y la "dejación de funciones", a los que se sumó una falta de análisis técnico e incluso ausencia de informes o de actas que a Cabetas le han "sorprendido" mucho.

La operación se llevó a cabo "sin los más mínimos criterios técnicos" y sin "tomar las mínimas medidas cautelares para un proyecto de esta envergadura", con una "celeridad sorprendente", materializada después en subvenciones económicas, "claramente lesivas para los intereses de Sodercan y Cantabria", basándose en "los peores planes de negocio" que Cabestas ha visto "nunca" en su trayectoria profesional.

El propio Salvador Blanco, su predecesor, fue quien le puso al corriente de los plazos más urgentes sobre GFB, y a partir de ahí, Cabetas adoptó varias decisiones, entre ellas, rechazar, en nombre del Gobierno, el "absolutamente ficticio" Plan de Viabilidad presentado por Euroamérica, a quien Cabetas trató desde el principio de"apartar" del proceso.

Pacto entre fermacell y gfb

El diputado regionalista Rafael Pérez Tezanos ha insinuado que la operación puede haber estado "pactada" entre GFB y la interesada, Fermacell —que ha realizado una oferta de 14,5 millones de euros por la planta de Orejo—, afirmación que ha lanzado justificándose en su condición de aforado, por ser parlamentario.

Para Pérez Tezanos, a lo largo de los últimos meses se puede haber "tejido un proyecto paralelo", "sin quererlo al iniciarlo", en el que los grupos industriales pueden haber llegado a un "acuerdo" para conseguir el "chollo" en que se ha convertido la fábrica.

Un extremo que Cabetas ha rechazado, pues para eso, le ha explicado, hubiera planteado un intercambio accionarial, pues ahora mismo Fermacell tiene el "riesgo" de que en el proceso de liquidación, aparezca otra empresa con una oferta mejor.

Es decir, le parece una opción "poco probable", porque, de hecho, la multinacional alemana "no recibe" a los representantes de Euroamérica.

En la misma línea, la 'popular' María Antonia Cortabitarte, ha aclarado a Pérez Tezanos que la oferta se hace a la Administración concursal y quien la aprueba es el juez, y no GFB.

A lo largo de todos estos meses, Sodercan ha estado buscando "alternativas" para una posible salida a la fábrica, pero el problema, ha apuntado Cabetas, es que no "no hay nada que se pueda hacer", porque al encontrarse en situación concursal, las decisiones las adoptan los administradores nombrados por el Juzgado.

En cualquier caso, al haberse iniciado el proceso de liquidación, la consecuencia es que la posibilidad de recuperación de todo lo invertido (dinero, capital, subvenciones, suelo...), es "cero".

Eso es lo "triste" para Cabetas, que aunque haya un nuevo inversor, eso ya no afectará "en nada" a la recuperación de los intereses públicos en juego en GFB.

Cabetas ha eludido pronunciarse sobre si percibió lucro personal o corrupción en los participantes en el proceso de GFB, algo que le ha preguntado expresamente el diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos, que ha cogido la opicón "que más le gusta" y considera que esa falta de respuesta supone que no ha "encontrado" indicios de algo que, a su juicio, es lo que pretende la Comisión.

Próxima sesión

Para este jueves, estaba prevista la comparecencia de Sebastián Tena, presidente de Pujol Martí, quien finalmente no asistirá ante los problemas para su localización, con lo que los miembros de la Comisión de Investigación dedicarán la cita a abordar el calendario de trabajo, a las 11.30 horas.