La Administración regional anunciará este jueves, al término del Consejo de Gobierno, las medidas estructurales y coyunturales con las que afrontar la deuda sanitaria, según ha avanzado este martes el presidente, Ignacio Diego, quien ha subrayado que estas medidas de recorte "no nacen de la voluntad sino de la absoluta necesidad" porque las farmacéuticas exigen el pago de los 261 millones que les debe el Ejecutivo.

Al respecto, ha reconocido que el Gobierno ha intentado evitar "en la medida de lo posible" acometer medidas coyunturales, que serán "suprimidas o corregidas cuando la economía se recupere", y sólo adoptar las de carácter estructural que "garanticen viabilidad de futuro" y que se apoyan en un cambio de modelo de funcionamiento de la Administración autonómica. Pero la deuda farmacéutica y la devolución de los 400 millones al Estado "por esas veleidades en las que incurrió el Gobierno anterior" obligan al actual a hacer frente a una deuda financiera que compromete a la comunidad.

Tras resaltar que son decisiones "trabajadas y elaboradas", no improvisadas, que se adoptarán "en un solo paquete" para "no sorprender a los cántabros hoy con unas iniciativas y mañana con otras", Diego no ha querido precisar si incluyen una subida de impuestos, pero ha adelantado que parte de ellas son reformas legislativas que pasarán por el Parlamento y otras carácter administrativo, diseñadas por las consejerías.

También ha señalado que se acometerá una reordenación y reformulación de muchos procedimientos y una reestructuración de la propia administración para hacerla más eficiente, lo que incluye el adelgazamiento del sector público empresarial.

Diego ha hecho estas declaraciones tras la reunión habitual del Grupo Parlamentario Popular, en el que ha dado a conocer a sus integrantes las decisiones que adoptará el jueves el Consejo de Gobierno. Porque, ha dicho, ha llegado el momento de tomar medidas ya que sino Cantabria estaría abocada al colapso.

El presidente, que ha denunciado que su Ejecutivo ha estado gobernando seis de los siete meses y medio que lleva "con las dos manos atadas a la espalda" por los gobiernos regional y central, ha garantizado a los cántabros que su Administración "va a cumplir con sus obligaciones", como son "mantener y mejorar los servicios públicos" de santidad, educación y prestaciones sociales, y fomentar el crecimiento de la coyuntura económica para crear empleo.

Y eso pasa por "adoptar medidas absolutamente necesarias para evitar el colapso financiero de la comunidad, garantizar los servicios que se están prestando y por convencer a los cántabros que este Gobierno sabe las medidas a adoptar, lo va a hacer con decisión y con ello va a futuro a Cantabria".

"Es un paquete de iniciativas, medidas y reformas que garantizan la viabilidad de la autonomía, la capacidad de prestar los servicios con parámetros de calidad y por otra parte, la capacidad del Gobierno de Cantabria. Porque detrás de estas medidas de recortes, el Gobierno pondrá sobre la mesa medidas que generarán ilusión y confianza en la capacidad de Cantabria, trabajando en objetivos concretos, a corto medio y largo plazo, en el marco de la búsqueda del consenso, y garantizarán un futuro esperanzador y de confianza".

Reformas administrativas

Por lo que se refiere a las reformas administrativas, ha explicado que están siendo diseñadas por las consejerías "para su adecuada formulación y puesta en conocimiento de los profesionales de la Administración, para que no sólo reconozcan que no queda otra salida sino que participen de ellas". Además, ha apostillado que no sólo trabajan en ellas los políticos y empleados públicos sino también profesionales de reconocido prestigio que las han implantado "con acierto" en otros ámbitos

La reordenación del sector público se adopta en estos momentos porque los sistemas de funcionamiento en años de bonanza son ahora "insostenibles", pero los nuevos sistemas harán "más eficiente la administración", que funcionará "mejor" y con "mucho menos coste".

Ha recordado que el "adelgazamiento" del sector público empresarial, al que el Gobierno ha dedicado "muchas horas" para hacerlo "de la manera más eficaz", se enmarca en una reestructuración

que parte del conocimiento de las debilidades de esas empresas, que han dado lugar a que algunas estén en quiebra financiera, otras se encuentren "en debilísma situación" y algunas sean "absolutamente ineficientes". De este modo, se ha formulado para cada una de ellas, "de manera diferenciada", una solución que "garantice su viabilidad" y en la que el presidente del Gobierno quiere contar con sus empleados.