La Consejería de Salud ha defendido ante las críticas de candidata al Parlamento del PP andaluz Esperanza Oña, su papel ante la red de farmacias.

La Consejería de Salud, en un comunicado, muestra "un profundo respeto, valora y conoce el trabajo que los farmacéuticos vienen realizando en Andalucía, frente a la desidia que muestra la señora Oña, que sitúa a los farmacéuticos fuera de la red de los servicios sanitarios y pide su incursión". Obvia Oña, por tanto, "las más de 342 millones de recetas electrónicas que se han dispensado en Andalucía gracias a un trabajo conjunto, que se inició en el año 2003 en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Andalucía".

Asimismo, "parece necesario recordarle que el Decreto Ley de Medidas Urgentes sobre Prestación Farmacéutica aprobado en el Parlamento el pasado mes de diciembre contempla la creación de un Fondo de Compensación del 10% de los márgenes de beneficios que se producirán (en torno a 40 y 200 millones de euros) con la economía de escala que supone la adquisición de fármacos mediante una convocatoria pública de compra de principios activo". Estos fondos "vendrán a paliar la difícil situación económica que pueden estar pasando en la actualidad los farmacéuticos que trabajan en zonas rurales y, que por tanto, demuestran un profundo sentido del oficio ya que anteponen el carácter de servicio público que prestan a los beneficios que pudieran obtener". El mantenimiento de estas boticas también viene reforzado por la convocatoria pública que nace de la Ley de Farmacia, también aprobada en el Parlamento en 2007 y que preveía la creación de 500 nuevas oficina de farmacia en la región.

Otro de los principios en los que cree profundamente Salud es "el mantenimiento de la sostenibilidad del sistema sanitario público y gratuito actual". Para ello, Salud se aleja "de los modelos puestos en marcha por el PP en otras comunidades y prefiere apostar por una fórmula en la que las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de los centros sanitarios y del personal se mantengan, mientras se buscan márgenes de eficiencia en otros sectores como el del gasto farmacéutico". Se trata de "elegir entre acortar los márgenes de beneficio de las farmacéuticas o recortar derechos, prestaciones o reducir plantilla". "Está claro que Andalucía ha apostado por la primera opción y Oña y la política que representa, por la segunda", señala el comunicado.

Las convocatorias públicas para la adquisición de fármacos suponen así "un proceso transparente y garantista, que si bien como dice Oña puede tener un criterio economicista (lo que parece responsable en el contexto socioeconómico actual), también reporta beneficios al paciente ya que se encontrará siempre con el mismo envase para su patología y facilitará su identificación".

En esta línea, "toda persona que se precie conocer la gestión del sistema sanitario público andaluz sabe que la prescripción por principio activo no supone ningún riesgo para el paciente, ya que es un sistema avalado por la OMS en tanto que favorece la adherencia terapéutica y evita errores y por la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de Médicos". Además, "permite ofrecer el fármaco que necesita el paciente sin tener que pagar el sobrecoste ligado a la marca comercial. Hace ya una década que los médicos renunciaron a poner la marca comercial para que se beneficiara el conjunto del sistema a través de una política adecuada de incentivos, así que el propio farmacéutico seleccionaba la marca concreta de entre las de precio menor en el marco que planteaba la legislación. Además, parece necesario remarcar que en Andalucía existe la libre dispensación, ya que el medico puede recetar por marca cuando lo estima conveniente para su paciente ya que este tipo de prescripción no es obligatoria".

Oña "también ha pasado por alto de manera partidista el Plan de Prevención y Actuación frente a las Agresiones, puesto en marcha por la administración en el año 2005, y en el que colabora activamente desde finales de 2007 la Fiscalía Superior de Andalucía, quien declaró que una agresión a un profesional del sistema sanitario público de Andalucía se podría tipificar como delito de atentado a un funcionario público y se podría procesar por la vía penal". En este tiempo, "se han logrado una treintena de condenas por delito de atentado contra un profesional en ejercicio de sus funciones, y se ha asesorado, se ha prestado apoyo psicológico y se ha dado asistencia letrada gratis a más de 1.100 profesionales que lamentablemente han sufrido un episodio de violencia. Esta iniciativa también ha sido muy acogida en cuanto a la formación que ofrece de cara a saber actuar si una persona presencia o padece una agresión, ya que más de 95.000 profesionales han participado en estos cursos".