La Audiencia juzga este lunes a un acusado de cobrar cheques que había robado de su empresa

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga este lunes a un hombre acusado de un presunto delito continuado de estafa y falsedad documental, tras cobrar en diferentes sucursales bancarias un total de 9.470 euros extendiendo talones bancarios que se había llevado de la empresa donde había sido colaborador en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga este lunes a un hombre acusado de un presunto delito continuado de estafa y falsedad documental, tras cobrar en diferentes sucursales bancarias un total de 9.470 euros extendiendo talones bancarios que se había llevado de la empresa donde había sido colaborador en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el identificado como J.M.C.F. había trabajado un tiempo para la empresa Salgado Motor de Sanlúcar, donde ejercía en la oficina situada en la calle Rodrigo. A primeros de marzo de 2005, el acusado se encontró un talonario de cheques en una de las mesas, llevándose diez talones bancarios, cuyo titular era la empresa, en los cuales no constaba ni la firma necesaria para el cobro, ni el sello de la empresa, estando los mismos en blanco.

Unos días después, el acusado acudió a la sucursal del BBVA de la calle Ancha de Puerto Real, presentando al cobro un talonario en el que estampó el sello de la empresa y rellenó el importe del resto del talón, cobrando así 800 euros.

Al mes siguiente, acudió a la misma entidad y, usando el mismo procedimiento, cobró 950 euros. En los meses posteriores regresó a la misma entidad bancaria puertorrealeña para cobrar cantidades de hasta 1.200 euros.

La empresa afectada ha sido indemnizada por la entidad bancaria por el importe de los talones presentados al cobro por el acusado, un total de 9.470 euros.

La Fiscalía solicita para el procesado una pena de cuatro años y tres meses de prisión por un delito continuado de estafa. Además, le imputa un delito continuado de falsedad documental, por lo que pide una pena de dos años y tres meses de prisión. Asimismo, el ministerio Fiscal considera que el acusado es autor de un delito de hurto, por lo que requiere una multa de dos meses, con una cuota diaria de diez euros.

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