Las familias consideran que la decisión del fiscal de no recurrir es "un nuevo golpe" a las víctimas

Familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), han calificado de "incongruente", "alucinante" y "un nuevo golpe" a las víctimas la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de no recurrir el auto del juez Fernando Grande-Marlaska en el que acordaba el archivo de la causa en la que se investigaba la contratación del aparato.

Familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), han calificado de "incongruente", "alucinante" y "un nuevo golpe" a las víctimas la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de no recurrir el auto del juez Fernando Grande-Marlaska en el que acordaba el archivo de la causa en la que se investigaba la contratación del aparato.

"Vivimos con sorpresa y como un nuevo golpe en este largo camino la decisión de la Fiscalía de no recurrir el archivo del caso, a pesar de que pidió juzgar a los seis imputados el pasado 13 de enero", señalan los familiares en un comunicado en el que confían en que esta decisión "nada tenga que ver" con el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general del Estado.

En este sentido, señalan que el cambio de criterio de la Fiscalía es "demoledor con la memoria de los ausentes" y solicitan que la Justicia actúe de forma "imparcial y no influida por cambios políticos". "No perdemos la fe en este país, pero a veces nos hacen dudar de la independencia judicial", señalan.

Las familias recuerdan que el accidente del Yak-42 fue "la mayor tragedia en la historia del Ejército español" y que los fallecidos "volvían de representar a nuestro país, después de cuatro meses en Afganistán". "Por todo ello —añaden— no es entendible que la misma Fiscalía que pidió la imputación de cinco imputados, no se opuso a la sexta, y pidió continuar con el procedimiento para juzgarles hace menos de cuatro semanas, ahora cambie de opinión".

No habrá recurso del fiscal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido no recurrir el auto Grande-Marlaska, aunque no descarta adherirse a los dos que ya han presentado las familias de las víctimas. Así lo han indicado fuentes fiscales que han señalado que el Ministerio Público no tiene previsto solicitar al juez instructor ni a la Sala de lo Penal, superior jerárquivamente al magistrado, la reapertura de la causa, en la que estaban imputados seis altos mandos de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo.

El Ministerio Público ha tomado esta decisión a pesar de que en el último informe que presentó en el marco de este procedimiento sostenía que la "absoluta falta de diligencia" de los "responsables militares competentes" podía poseer "relevancia penal indudable como imprudencia grave en la producción del siniestro".

Aunque el teniente fiscal del caso, Fernando Burgos, presentó en diciembre pasado un borrador de escrito en el que solicitaba el archivo de la causa, el informe definitivo remitido al juez por orden del fiscal-jefe, Javier Zaragoza, estimaba que existe una "concurrencia de indicios que definen la culpa o imprudencia grave generadora de responsabilidad penal en relación con las 62 muertes producidas", lo que se concretaría en otros tantos delitos de homicidio por imprudencia grave.

Sin responsabilidad,

Para marlaska

Grande-Marlaska archivó el pasado 2 de febrero la causa en un auto en el que reconocía "la gravedad de los hechos" investigados pero especificaba que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuía a la "falta de preparación" de la tripulación.

El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.

También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.

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