La Xunta reafirma que mantendrá las medidas en función pública y los sindicatos dicen que no negocian recortes

Centenares de empleados públicos se concentraron ante la EGAP para rechazar las propuestas
Protesta de Funcionarios en Santiago
Protesta de Funcionarios en Santiago
EUROPA PRESS
Protesta de Funcionarios en Santiago

La reunión de la mesa de negociación entre la Xunta y los sindicatos de función pública ha terminado sin que se haya producido un acercamiento en las posturas. El Gobierno gallego ha reafirmado su decisión de no retirar el texto y los representantes de los empleados públicos han respondido reclamando de nuevo la retirada del anteproyecto y advirtiendo de que no negocian "recortes".

Durante la celebración de este encuentro, que se prolongó durante casi una hora, centenares de empleados públicos se concentraron en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en donde se realizó el encuentro, para protestar contra la propuesta del Gobierno gallego, que propone, entre otras medidas, una reducción de jornada o que no se abone el complemento por incapacidad temporal en los primeros 21 días, salvo en casos de accidente laboral, enfermedad profesional o maternidad.

La Xunta ha pedido a los sindicatos que presenten el lunes sus alegaciones, para tratar de iniciar una negociación. "La retirada no se va a hacer por parte del Gobierno", ha afirmado el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, que ha dicho que lamentaría que las organizaciones que representan a los trabajadores no trasladen sus propuestas.

"Vamos a llevar otras propuestas porque entendemos que hay forma de paliar el déficit de la comunidad por vía de ingresos, no por la de recortes", ha manifestado el representante de UGT, José Vázquez. El responsable de Función Pública, sin embargo, ha limitado la negociación al texto presentado.

Barreiro ha explicado, en declaraciones a los medios tras la reunión, que, ante la petición de retirada del anteproyecto de ley de medidas en el empleo público, el Gobierno gallego ha manifestado su "voluntad negociadora sobre todo el texto". "Hay margen para llegar a acuerdos en incapacidad temporal, en la reducción de jornada de interinos y en la suspensión de determinados artículos del convenio colectivo", ha sugerido.

El director xeral de Función Pública ha indicado que espera que el lunes los sindicatos presenten sus contrapropuestas. El Gobierno gallego, ha insistido, está dispuesto a llegar a acuerdos "en el contenido del texto", pero la negociación "implica que hay un texto sobre la mesa y sobre ese texto se tiene que negociar". Ha pedido que se presenten alegaciones puesto que, a su juicio, los trabajadores "sí quieren que se hagan propuestas que puedan mejorar el texto".

Otras medidas

El responsable del sector de la administración autonómica de CC.OO., Ramiro Otero, ha censurado que las alternativas de la Xunta se centran "en los gastos y los recortes a los empleados". La postura unánime de las plataformas sindicales es, ha insistido, que el Gobierno debe retirar su texto.

"Estamos dispuestos a sentarnos y ver alternativas para salir de la crisis, pero no con el ataque frontal a los derechos de los empleados públicos", ha señalado. Por ello, ha reiterado que acudirán "a cualquier convocatoria de la administración, pero si lo que intenta es traer otra vez esta propuesta, volveremos a decir que la retiren", ha zanjado.

Mantienen las protestas

Por su parte, la representante de la CIG, Carmen López Santamariña, ha trasladado su "malestar" por esta "supuesta mesa de negociación". "Estamos dispuestos a abrir un diálogo y ver lo que se puede hacer para la racionalización de la administración pública, pero no mediante ningún tipo de imposición", ha resaltado.

Además, López Santamariña ha pedido a la Xunta que haga "gala" de actitud negociadora y ha avisado de que los sindicatos siguen adelante con su calendario de movilizaciones, que prevé concentraciones todos los jueves de este mes.

El presidente de CSI-F, José Francisco Méndez, ha destacado que la prioridad de los empleados públicos es "la defensa de los servicios públicos y evitar que a medio plazo estos se conviertan en un sector privatizado". Ha indicado que tiene "propuestas a montones", entre otras, en materia de absentismo y bajas.

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